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Llegan a cobrar por hacer una portabilidad 120 euros

La UCE denuncia cobros abusivos y "escondidos" de las empresas de telefonía

    La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana UCCV, ha detectado un incremento de las reclamaciones relacionadas con la portabilidad de los números de telefonía. El problema se produce cuando el usuario pide la portabilidad a un nuevo operador de telefonía y en ese momento recibe una contraoferta de su propio operador para mejorar las condiciones, y cuando el usuario quiere anular la portabilidad inicial le dan de baja pero cobrando unos gastos de gestión que pueden llegar hasta los 120€.

    Desde que un usuario pide la portabilidad de su número a otro operador se inician unos trámites por parte del nuevo operador como puede ser el envío de la nueva tarjeta de móvil y/o terminal en el caso de telefonía móvil, y si se trata de telefonía fija o internet el envío del técnico al domicilio o router por mensajero. Pero durante el desarrollo de dichos trámites es cuando el usuario recibe la contraoferta de su propio operador y decide cancelar la portabilidad anteriormente solicitada, y es el momento en el que le reclaman determinados gastos de gestión.

    Según la normativa actual, la portabilidad móvil se debe hacer en 24 horas, plazo en la práctica imposible si tenemos en cuenta que el envío de la tarjeta o terminal, según el caso, en principio tardaría más. En el caso de la portabilidad fija no establece plazo pero o bien acude el técnico al domicilio a instalar al adsl o envían por correo el router, trámites que también requieren de su tiempo.

    "Desde la UCCV consideramos que la guerra de ofertas y contraofertas entre operadoras, no debe en ningún caso perjudicar al consumidor, que al igual que antes se veía perjudicado por las penalizaciones de permanencia, ahora le pretenden cobrar unos gastos de gestión que habitualmente no son informados ni advertidos y en ocasiones son de una cuantía considerable y no justificados, cuando ni siquiera se ha hecho uso del servicio".

    "Es necesario que la normativa evite estas situaciones y que los organismos reguladores actúen en contra de estas prácticas, así como que las operadoras establezcan Códigos de Conducta y compromisos firmes para evitar seguir perjudicando a los consumidores y usuarios".

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