EU: "El ayuntamiento devuelve cerca de 120.000 euros de una subvención injustificada"

La concejala Rosa Albert ha lamentado que “una vez más tengamos conocimiento de un nuevo varapalo judicial al Ayuntamiento de Valencia que pone de manifiesto la nefasta gestión del PP estos últimos años, y que va a suponer de nuevo un quebranto para las arcas municipales”. Según se explica en el expediente al que ha tenido acceso Esquerra Unida y que fue aprobado en Junta de Gobierno Local del pasado 27 de diciembre, el Ayuntamiento impugnó una resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 28 de mayo de 2012 que acordaba el reintegro de una subvención concedida para la Cofinanciación del Proyecto de Modernización Administrativo Local Anualidad 2008 denominado ‘Servicios Básicos de Administración Electrónica: implantación de pilares de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Valencia’ por importe de 100.000 euros, más 17.169 por intereses de demora. Por su parte, el Ayuntamiento interpuso un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional.

Este reintegro se exige por parte del Ministerio al no haberse justificado la subvención dentro de los plazos legalmente establecidos. “La propia sentencia de la Audiencia Nacional, evidenciaba que el Ayuntamiento no ha alegado ni probado que el incumplimiento del plazo de justificación se debiera a alguna razón distinta de la mera falta de diligencia del beneficiario de la ayuda en la gestión de los fondos públicos que se le entregaron”, ha apuntado la edil. Esta afirmación pone en evidencia una forma de gestionar, que es la que nos ha llevado a la difícil situación económica en la que nos encontramos” ha asegurado la concejala.

Además, el abogado del Estado, en esta misma sentencia, señala que el propio Consistorio ha reconocido el incumplimiento de la obligación de justificar el gasto achacándolo al comportamiento de la empresa que realizó la instalación puesto que no emitió una de las facturas en el plazo convenido, “aspecto éste sobre el que no hay prueba alguna en el expediente ni se ha solicitado en este recurso”, es decir que ni tan siquiera se han acreditado por parte del Ayuntamiento los hechos que demostrarían la falta de justificación dentro del plazo.

Por el contrario, sí que figuran en el expediente pagos realizados fuera del plazo de los tres meses legalmente establecidos, por lo que el procedimiento de reintegro era ajustado a la ley. Por tanto “ahora nos encontramos ante la obligación de tener que devolver casi 120.000 euros de los 200.000 euros de la subvención, dinero que ya sido gastado por parte del Ayuntamiento”, ha manifestado Albert, quien ha añadido que, desgraciadamente, “estamos ante una nueva sentencia perdida por el Consistorio que hay que sumar a la larga lista de los últimos años”.

Ante esta situación, la concejala ha criticado el hecho de que el equipo de gobierno del PP esté convirtiendo en algo habitual que la administración de justicia tenga que intervenir para resolver su inacción, sin olvidar que los perjudicados son los vecinos y vecinas de Valencia que tienen que sufrir los recortes en servicios esenciales ya que estos varapalos judiciales van a suponer una merma muy importante para las arcas municipales, economía ya de por sí muy perjudicada”.