EU revela que el consistorio impone una sanción de 30.000 euros a la contrata de la grúa
Albert recuerda que se trata de la cuarta penalización que se le impone a la empresa este año
La Junta Local de Gobierno aprobó el pasado viernes la imposición de una nueva sanción, esta vez de 30.000 euros, por incumplimiento de la obligación reconocida en el pliego de condiciones por la cual la empresa que gestiona el servicio de la grúa tiene la obligación de ingresar a diario, en cuenta de titularidad municipal, el importe recaudado. La concejala de Esquerra Unida Rosa Albert, que ha especificado que esta es la cuarta penalización que se le impone a la empresa en 2013 por incumplimientos graves, ha explicado que, según se recoge en el expediente, desde el 9 de diciembre de 2012 hasta el 31 de agosto del presente año hay un total acumulado de recaudación de 7.259.295 euros, del cual todavía se encuentra pendiente de ingreso un total de 5.440.476 euros.
La edil también ha señalado que en dicho expediente el propio servicio de tesorería hace constar que la UTE que gestiona este servicio no ha ingresado diariamente en la cuenta de titularidad municipal el importe de los derechos recaudados por todos los conceptos, incluso mediante tarjeta de crédito o débito, con arreglo a las tarifas fijadas en la ordenanza reguladora de la tasa por retirada de vehículos de la vía pública.
Asimismo, en el documento se recoge que la empresa recurrió esta última sanción alegando que la actividad de retirada de vehículos de la vía pública ha descendido de manera importante desde el año 2008, llegando en los ejercicios de 2011, 2012 y 2013 a una reducción de la actividad superior a un 20 por ciento a la que normalmente se venía realizando.
Por otro lado, la misma contrata también alega el hecho de que el Ayuntamiento adeuda a la UTE múltiples facturas, entre ellas varias de octubre, noviembre y diciembre de 2012, deuda que, según la propia empresa “no se han abonado por parte del Ayuntamiento porque tan siquiera se han contabilizado, no habiéndose presupuestado y, por tanto, no habiéndose previsto su pago”. Ante esta situación, también reclaman al Ayuntamiento los retrasos en la tramitación y pago de los intereses.
Rosa Albert ha insistido en que "este es otro claro ejemplo más de cómo el modelo privatizador del PP no solo no es más rentable para las arcas municipales sino que, además, supone un grave perjuicio para los intereses públicos".
