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Generalitat pagará 60.000 € a la mujer que murió tras ser operada de tiroides

    La Generalitat deberá abonar 60.000 euros por el fallecimiento de una mujer que murió por las complicaciones surgidas tras ser operada de tiroides, así como 30.000 euros a cada uno de los hijos de la fallecida, según propone un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC).

    Los hechos ocurrieron en octubre de 2003, cuando una mujer de 72 años fue intervenida en un hospital público de Valencia de una hemitiroidectomía izquierda, y tras la operación fue trasladada a la Unidad de Recuperación.

    Una hora y cuarenta minutos después, al estar consciente y con buen estado general, se remitió a la paciente a la sala de Otorrinolaringología, donde tras un episodio de tos entró en parada cardiorrespiratoria y en coma.

    La mujer fue intervenida de nuevo al evidenciarse un hematoma postquirúrgico e ingresó en la UCI, donde su evolución fue desfavorable y falleció en noviembre de 2004.

    El organismo consultivo de la Generalitat que vela por la observancia del ordenamiento jurídico en la Comunitat Valenciana considera que, aunque la hemorragia es un riesgo postquirúrgico y por tanto inherente a la intervención, sus efectos -que en este caso desembocaron en el fallecimiento de la paciente- se hubieran podido paliar con una atención postquirúrgica inmediata.

    De hecho, el CJC cita varios informes médicos de los que se desprende que la hemorragia postquirúrgica de tiroides es una incidencia extremadamente rara que suele ocurrir en las primeras seis horas tras la cirugía, pero cuyo riesgo se incrementa pacientes en tratamiento con Sintrom, como era este caso.

    Un dictamen de la Real Academia de Medicina indica que la única posibilidad de solucionar el riesgo de hemorragia es una vigilancia intensiva en las primeras horas y el ingreso del paciente en una unidad postquirúrgica donde los medios humanos y técnicos para la intubación orotraqueal sean inmediatos.

    El CJC indica que dicha medida se llevó a cabo, pero "de manera insuficiente", ya que tras la operación la paciente estuvo en la Unidad de Recuperación sólo una hora y cuarenta minutos, frente a las seis recomendadas, "y posiblemente con una vigilancia continua se podría haber detectado precozmente la hemorragia y puesto en marcha las medidas necesarias para solucionarlo inmediatamente".

    Asimismo, el CJC señala que aun considerándose que no hubo demora en la actuación, sería aplicable la doctrina del daño desproporcionado, dado que la mujer se sometió a una intervención de tiroides calificada de reducido riesgo y finalmente perdió la vida.

    Los hijos de la mujer reclamaban una indemnización de 410.652 euros, aunque el CJC la fija en 30.000 euros para cada uno de los hijos, atendiendo a los daños morales y la edad de la fallecida, y en 60.000 euros para la herencia yacente.

    El organismo considera respecto a los daños causados a la paciente que ni la propia muerte ni los previsibles gastos que hubiese exigido su subsistencia prolongada en estado de coma vigil son indemnizables, sino los efectivamente valorables durante el tiempo de atención sanitaria, por lo que plantea abonar 60.000 euros.

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