El Ayuntamiento aprueba dos convenios para ayudar a los ciudadanos desahuciados
El Servicio de Intermediación Hipotecaria del Ayuntamiento ha realizado 104 acciones con los bancos, con 27 acuerdos cerrados y otros 61 en trámite
Uno con la Generalitat, a través del IVVSA, y otro con la FEMP para poner en marcha un fondo social de viviendas de alquiler
En su comparecencia tras la Junta de Gobierno Local, la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha informado sobre los convenios suscritos por el Ayuntamiento para atender a aquellas personas que han perdido su casa, que han sido desahuciadas como consecuencia de la crisis económica. El primero de estos convenios, suscrito con la Generalitat Valenciana, y en concreto con el IVVSA, tiene por objetivo atender las necesidades de las familias que hayan perdido su vivienda habitual como consecuencia de un desahucio mediante la utilización de viviendas de titularidad pública a las que podrán acceder bajo la fórmula de contratos de arrendamiento de interés social.
Con relación al convenio de la Federación Española de Municipios y Provincias, al que hoy se ha adherido el Ayuntamiento, Valencia va a participar en un Fondo Social de Viviendas de Alquiler. A este convenio se han adherido ya 232 entidades locales de toda España. El Fondo cuenta con unas 6.000 viviendas, de las que 106 están en Valencia y son propiedad de 10 entidades de crédito que participan en el Fondo Social.
Estas viviendas, cuyo tamaño oscila entre 49 y 114 metros cuadrados, podrán ser solicitadas por unidades familiares cuyos ingresos conjuntos no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, lo que supone una cuantía de 1.597’53 euros al mes.
Rita Barberá ha recordado “la sensibilidad y el carácter pionero”, tanto del Gobierno de la ciudad de Valencia como del Gobierno de Mariano Rajoy, “para atender la situación de dificultad que padecen los más débiles”. En este sentido ha recordado que Valencia fue el primer gran Ayuntamiento de España en el que, a través de la Delegación de Bienestar Social e Integración y en colaboración con el Colegio de Abogados, se puso en marcha en junio de 2012 un servicio de mediación hipotecaria que ya ha atendido a 206 vecinos de la ciudad, con un total de 104 intermediaciones ante los bancos realizadas, que han derivado en 27 acuerdos ya cerrados y otros 61 en trámite.
La Alcaldesa ha insistido en la necesidad de prevenir, ayudar y proteger a las personas más necesitadas y con mayor riesgo de vulnerabilidad, entre las que se encuentran los afectados por los desahucios. Para contribuir a ese objetivo la Junta de Gobierno Local ha suscrito estos convenios de carácter eminentemente social. En el suscrito con la Generalitat se establece la colaboración entre ambas instituciones “para atender las necesidades de las familias que hayan perdido su vivienda habitual como consecuencia de desahucio hipotecario u otras causas excepcionales mediante la utilización de viviendas de titularidad pública y los contratos de arrendamiento de interés social. En este caso, se trata de viviendas propiedad del IVVSA y de la RedAlquila”.
Desde el año 2007 se han entregado en Valencia capital 62 Viviendas de Protección Pública, y hay otras 19 en fase de valoración para su próxima licitación.
Por otra parte, la Delegación de Bienestar Social e Integración tiene adscritas al Programa de Acceso a la Vivienda Municipal 89 viviendas municipales arrendadas, entre otros colectivos, a familias con graves dificultades económicas que les impiden pagar un alquiler a precio de mercado. Asimismo, el año pasado se destinaron 527.140 euros a familias con problemas para hacer frente al pago de alquileres o gastos de la vivienda habitual.
En cuanto al acceso al Fondo Social de Viviendas de Alquiler, con unos precios de arrendamiento que oscilan entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar, las personas desahuciadas que quieran acceder deberán cumplir tres requisitos: que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución por impago del préstamo hipotecario iniciado por la misma entidad de crédito que forma parte del Fondo Social de Viviendas; que ese desalojo haya tenido lugar a partir del 1 de enero de 2008; y que en el momento de presentación de la solicitud de vivienda reúna las condiciones económicas y familiares exigidas o se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad.
