CSI•F recurre y pide la suspensión del traslado de funcionarios desde la calle Colón a la Ciudad Ros Casares de Xirivella

El sindicato CSI•F ha interpuesto un requerimiento previo a la vía jurisdiccional con el fin de paralizar el traslado, durante esta semana, de un centenar de funcionarios públicos a la Ciudad Ros Casares. El sindicato considera que la administración ha actuado de manera ilícita al no negociar las condiciones laborales de este tipo de traslados. Los funcionarios afectados tienen su ubicación en la calle Colón 66 y pertenecen a las direcciones generales de Modernización y Patrimonio.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI•F) explica que esta semana alrededor de cien empleados públicos han de empezar a trabajar en unas oficinas habilitadas en el término municipal de Xirivella. La mudanza está prácticamente concluida. Además de ellos, están pendientes de traslado 210 funcionarios pertenecientes a la Agencia Valenciana de Turismo.

CSI•F señala que ya presentó un escrito el pasado dos de mayo instando a la administración a tener una reunión para debatir el cambio de ubicación. En concreto aludía en el documento a que este traslado debe legalmente estar sujeto a la aprobación de la Junta de Personal, según marca el Estatuto Básico del Empleado Público, por afectar a las condiciones de trabajo. En este caso, el lugar de destino es Xirivella y no Valencia, “a pesar de que la totalidad de puestos objeto de traslado tiene la localidad de Valencia en su clasificación”.

Ante el silencio de la Administración y la ejecución de la mudanza, el sindicato interpuso ayer “un requerimiento previo a la vía jurisdiccional contra la actuación material por vía de hecho de la Administración” dirigido al conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps. El motivo, tal como consta en el escrito presentado, consiste en “el traslado forzoso del personal empleado público de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección General de Modernización desde la calle Colón 66 de Valencia a la Ciudad Ros Casares en Xirivella”.

La central sindical insta a la administración pública, en el requerimiento presentado, a que cumpla el Estatuto Básico y suspenda el traslado como medida cautelar. De no suspenderlo reclama que lo negocie y que minimice el impacto negativo en las condiciones de trabajo, entre otras medidas.

El sindicato CSI•F destaca que en este traslado no se ha tenido en cuenta el impacto en los ciudadanos, que habrán de desplazarse al polígono Vara de Quart para realizar los trámites pertinentes, ni en los empleados públicos, que desarrollarán su labor en unas dependencias con escaso espacio.