Un PAI en Nou Moles junto al Centro Administrativo de la Generalitat atascado desde hace 13 años
Sarrià: ante la desidia municipal son los promotores quienes marcan el ritmo de la gestión urbanística de la ciudad
El concejal socialista Vicent Sarrià ha denunciado que sigue paralizado el desarrollo urbanístico de un amplio sector de la calle Brasil en el barrio de Nou Moles, a pesar de haberse adjudicado el Programa de Actuación Integrada (PAI) en el año 2001.
En la sesión plenaria del 27 de julio de 2001 se adjudicó este sector a una mercantil, para edificar 320 viviendas y urbanizar los terrenos con zonas verdes, lo que permitiría consolidar una zona muy concurrida del barrio situada junto al Centro Administrativo 9 de Octubre de la Generalitat.
“No puede ponerse como excusa la crisis inmobiliaria” ha comentado Sarrià, “ya que es fruto de la desidia municipal que permite a los promotores el diseño de la ciudad y la gestión urbanística para que marquen el ritmo de las actuaciones”.
“Este PAI debió ejecutarlo la empresa municipal AUMSA tal como propuso en Grupo Municipal Socialista en varias ocasiones” ha comentado Sarrià, “ya que el Ayuntamiento tiene numerosos terrenos en ese ámbito procedentes de una permuta con el Estado y le corresponde suelo edificable para 124 viviendas protegidas de las 320 que se van a construir”.
Este retraso en la urbanización de los terrenos por parte de la mercantil FIRMUS SL, cuyo proyecto de urbanización se encuentra ahora en exposición pública, “está causando un perjuicio a las arcas municipales al tener retenido suelo edificable municipal y no poder ofrecer viviendas asequibles a los vecinos”, ha comentado Sarrià “por lo que ha exigido al Delegado de Urbanismo una mayor dedicación y celeridad en la tramitación de los asuntos públicos para mejorar la calidad de vida de los vecinos “.
Por otro lado, los terrenos en los que debe ejecutarse la urbanización están permanentemente repletos de basura y es motivo de quejas vecinales. Ante este retraso y abandono de los terrenos el Ayuntamiento decidió hace unos años imponer una sanción a la mercantil adjudicataria, pero tal como ha señalado Sarrià “estas sanciones nunca se pagan, acaban guardadas en un cajón y no sirven para obligar a los responsables a cumplir sus deberes urbanísticos”.
