PP: "El Gobierno de Ribó y PSOE tienen que devolver 8,4 millones de cobros de plusvalías al estimar 4.715 alegaciones"
Los populares alertan del afán recaudatorio del Gobierno de Ribó y PSOE que ha hecho que más de 4.000 valencianos alegaran contra cobros indebidos de plusvalía
El Gobierno de Ribó y PSOE, quiere seguir haciendo baja, y rechazó la iniciativa del PP para la bonificación del impuesto del 95% para los casos de herencias y reducir el coeficiente municipal al 25%, en la actualidad está en el 29,5 %
El Grupo Municipal del PP ha alertado que el Gobierno de Ribó y PSOE han tenido que devolver más de 8,7 millones a valencianos por el cobro del impuesto de plusvalías desde el año 2018, de ellos 8,5 millones por devoluciones y cerca de 200.000 euros por anulaciones. El Ayuntamiento ha tenido que estimar más de 4.715 alegaciones por el cobro de plusvalía.
La portavoz del PP, María José Catalá, ha señalado que el Gobierno de Ribó y PSOE “no puede seguir más en su escalada de aumento de la presión fiscal a la familias y negocios de la ciudad. Deben ya tomarse medidas urgentes para apoyar a las familias, y la mejor medida es bajar impuestos y tasas municipales como venimos pidiendo desde el PP. El dinero debe estar en el bolsillo de los valencianos y no en los bancos donde el actual Gobierno municipal tiene ya más de 154 millones de euros, 57 millones más que el año pasado”.
Catalá asegura que “desde el PP en el Ayuntamiento hemos presentado iniciativas para que los valencianos no paguen el impuesto de plusvalía. Hemos pedido que una bonificación del 95% para los casos de herencia, pero siempre han sido rechazadas nuestras propuestas por el Gobierno de Ribó y PSOE. También pedimos que el coeficiente que aplica el Ayuntamiento se rebaje del 29,5 % al 25%, pero tampoco la aprobó el gobierno municipal”.
Catalá ha asegurado que para el PP este impuesto es totalmente injusto y por ello presentó una enmienda desde el Congreso de los Diputados cuando se aprobó la nueva ley de plusvalía. El PP pedía una ley para quitar el impuesto de plusvalías y cobrarlo sólo a empresas que facturen más de un millón de euros.
Para paliar el menoscabo que pudiera derivarse de esta nueva exención -a la que obligaba la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional-, para la suficiencia y autonomía de las entidades locales, el PP propone el diseño de un sistema de compensación que complemente los posibles efectos negativos de pérdidas de recaudación, un diseño para el cual piden de la participación de la Comisión Nacional de Administración Local y la Federación Española de Municipios y Provincias.
