El Gobierno mantiene sin uso desde hace 13 años un solar de la Avda. de Francia

El concejal socialista Vicent Sarrià ha denunciado hoy que el Gobierno de Rajoy renunció hace un año a la licencia concedida en febrero de 2012 al ministerio de Hacienda para construir un nuevo edificio que albergue todas las dependencias dispersas de su delegación en Valencia, y cuya sede central se ubica en la calle de Guillem de Castro.

“El solar fue entregado por el Ayuntamiento en 2001 a través de una permuta a un precio de 330 euros el m2 de edificabilidad, cuando su valor era 10 veces superior, y actualmente y a pesar de la crisis supera los 120 millones de euros” ha comentado Sarrià “por lo que el solar debe volver al Ayuntamiento de Valencia, al no cumplirse el objetivo para el que fue cedido.

“No vamos a permitir que este solar terciario municipal sirva para que el Gobierno de Rajoy haga caja” ha señalado Sarrià, “ya que las plusvalías generadas corresponden a los ciudadanos de Valencia.

Tal como ha recordado Sarrià, la licencia para hacer una nueva Agencia Tributaria fue concedida en febrero de 2012, para construir un edificio de 12 plantas y tres sótanos, para un proyecto con un coste de 47 millones de euros.

Por otro lado, en julio de 2012 el Consell de la Generalitat Valenciana dio a conocer el protocolo firmado con la Agencia Tributaria para alquilar la sede central de la Consellería de Infraestructuras, (que quedó vacía tras el traslado de los funcionarios al nuevo complejo administrativo 9 de octubre) por un importe de 1 millón de euros anuales durante cinco años, con la posibilidad de renovar hasta los diez años. A esta sede se trasladó la Agencia Norte de Campanar, que como es conocido, causó malestar entre los vecinos de la zona.

La parcela de 6.852 m2 donde se pretendía construir el edificio, con una edificabilidad de 36.076 m2 techo, era de propiedad municipal, está calificada para uso terciario edificable en 12 plantas y se entregó al Ministerio de Hacienda en una permuta aprobada en sesión plenaria de marzo de 2001 con el voto en contra del Grupo Municipal Socialista, porque se valoró muy por debajo del importe de mercado de la zona (el solar se sitúa junto al centro comercial Aqua y El Corte Inglés), sin realizar informes técnicos municipales, dando por buenas las cifras presentadas por el Gobierno de Aznar y recibiendo a cambio parcelas dotacionales que se valoraron como suelo edificable al mismo importe que el solar terciario.

Para el Grupo Municipal Socialista el precio de mercado del solar terciario era 10 veces superior al establecido en la permuta, que se valoró en 1.984.180.000 ptas (11.905.556 euros), es decir, a 330 euros el m2 techo, ya que se ubica en un lugar estratégico y privilegiado del PAI de la Avenida de Francia (Calle de Luís García Berlanga nº 23), junto al centro comercial Aqua y a El Corte Inglés, y frente al complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

En el debate de la sesión plenaria, el Grupo Municipal socialista denunció la claudicación indigna de la alcaldesa que en ningún momento defendió los intereses de la ciudad, sin discutir las cantidades propuestas por el Ministerio. A mayor abundamiento de las parcelas entregadas por el Estado, se incluyó por un importe de 70 millones de pesetas la antigua fábrica Mocholí en Font de Sant LLuís destinada por el PGOU a zona verde (todavía hoy un solar degradado), que ya había sido cedida en 1997 gratuitamente a la ciudad por el Estado y se incluyó como solar de la permuta, y también la parcela donde se construyó el polideportivo de la Malva-rosa valorada en 359 millones de pesetas. Una exagerada valoración porque el Estado consideró que era una parcela edificable y no un suelo dotacional.

El punto nº 5 del convenio donde se formaliza la permuta establece que “el Ministerio de Hacienda desea disponer de suelo edificable con el objetivo de construir un edificio que le permita reordenar unidades administrativas actualmente dispersas, sobre todo las relativas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a fin de mejorar la calidad y eficacia en la gestión de los servicios públicos que dichas Unidades tienen encomendadas”.

A la licencia otorgada en febrero de 2012, se le concedió una prórroga de un año en febrero de 2013, y cuando el Ayuntamiento le reclamó el pago del Impuesto de construcciones y Obras (ICIO) por importe de 1.869.146 euros, más 120.324 euros de intereses a pagar antes del 20 de marzo de 2014, la Agencia Tributaria RENUNCIA con todos los efectos que ello conlleva a la licencia concedida en febrero de 2012, ya que persisten las razones que motivaron la prórroga y en consecuencia no tienen previsto acometer, al menos a medio plazo, la actuación descrito.

“Ha transcurrido un año desde esta renuncia” y el solar sigue exactamente igual, infrautilizado, a pesar de tener un valor de mercado terciario superior a los 120 millones de euros” ha comentado Sarrià.

Por este motivo, y dado el objetivo finalista de la permuta, Sarrià considera que si el Ministerio de Hacienda renuncia a la construcción de este equipamiento público, se produce un incumplimiento del Convenio, y de acuerdo con la legislación sobre jurisdicción contencioso administrativa, se plantea un litigio, que debería resolverse con la devolución de los terrenos a la ciudad, que mantienen la calificación de Terciario, reparándose así el grave perjuicio económico que en su momento se causó a los valencianos por el negligente y sumiso comportamiento de la Alcaldesa con el entonces gobierno de Aznar.