PP: “El estado de alarma no ampara al gobierno municipal para obstruir la labor de la oposición”

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha advertido hoy que el gobierno del alcalde Joan Ribó y el PSPV “podría estar vulnerando el derecho constitucional de los ciudadanos” a participar en los asuntos públicos del Ayuntamiento a través de sus representantes democráticamente elegido al no contestar en tiempo y forma a las preguntas planteadas por los concejales del PP a las delegaciones del gobierno municipal y a la alcaldía.

El Grupo Popular ha instado a la Secretaria General y del Pleno para que “advierta al gobierno municipal de sus obligaciones respecto a las solicitudes de información y demás funciones de la oposición, la infracción constitucional que supone bloquearlas, y que el artículo 23 de la Constitución no está suspendido ni afectado por el estado de alarma, con todo lo que ello supone y las responsabilidades en distintos órdenes que se  derivan de  su incumplimiento”.

Como ejemplo del obstruccionismo de Ribó y el PSPV al trabajo del los concejales del PP, Catalá ha explicado que el pasado 1 de abril el Grupo Popular registró un escrito solicitando información tanto al alcalde de Valencia como al concejal-Delegado de Hacienda, sobre ‘Emisión a los bancos de remesas de recibos domiciliados del IBI 2020’, respecto a la medida anunciada por el gobierno municipal de ampliar el periodo de pago voluntario por causa del COVID2019

La respuesta que recibió a esta solicitud de información, firmada por el concejal de Hacienda, fue: “En relación a su nota interior de fecha 01.04.2020, les comunico que, como ustedes sin duda tienen conocimiento, existe una situación especial motivada por el Estado de alarma, por lo cual procederemos a la contestación a su pregunta en el momento que otras tareas más urgentes lo permitan”.

Para Catalá, “esta contestación supone un desconocimiento absoluto, o infracción deliberada, de la configuración constitucional de estado de alarma”, que en el artículo 116 de la Constitución establece concretas garantías, entre las que destacan:

1. Que el funcionamiento de las Cámaras, así como el de los demás poderes constitucionales, “no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos Estados.” (artículo 116.5). Lo que incluye la obligación de responder preguntas y solicitudes de información.
2. Que su declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes (artículo 116.6)

De esta manera, ha argumentado la portavoz popular:

• “No se pueden suprimir o bloquear las funciones propositivas y de control a  ningún gobierno, ni al nacional, ni por supuesto tampoco al municipal”.
• “No se pueden paralizar, ni de derecho ni de hecho como se ha venido haciendo estas semanas por el gobierno municipal, la actuación de los miembros de la corporación local”.
• “No se puede impedir, o dejar en vía muerta, el deber de responder, en tiempo y sin etéreas postergaciones, las solicitudes de información. Y hemos de recordar que el ordenamiento legal aplicable ya ha sido directamente infringido al no recibir contestación, al término de la sesión, a las Preguntas formuladas, y admitidas, para el Pleno del mes anterior de marzo. Tampoco se han contestado aún otras formuladas el mes pasado, como las presentadas ante la Comisión de Urbanismo o la de Gestión de Recursos”.
• “No es admisible, en fin, la opacidad, el abuso de poder, la obstrucción a las actuaciones de los concejales de la corporación ni la mordaza ‘a modo de spray paralizante’ a la oposición: aunque no tendría que resultar necesario, hemos de poner de manifiesto que el gobierno municipal de Valencia no está habilitado para saltarse la legalidad constitucional, ni para incumplir sus obligaciones reglamentarias”.

Por todo ello, el Grupo Popular ha cursado a través de la Secretaria General y del Pleno una petición para que “que el gobierno municipal conteste las preguntas y solicitudes de información o documentación que se le formulen por los grupos municipales, y, con carácter inmediato, sin más dilación, en término de dos audiencias o días hábiles, y en ningún caso después del 15 abril, las que tenían que haber sido contestadas al término de la sesión del Pleno del mes pasado, así como las formuladas ya hace semanas ante Comisiones como la de Urbanismo o la de Gestión de Recursos”.