El PP denuncia fraude de ley y abandono institucional de menores por el cerrojazo del Punto de Encuentro Familiar en Valencia

La viceportavoz del Grupo Popular Municipal, María José Ferrer San Segundo, ha advertido del “fraude de ley” que se ha podido producir tras el cierre del Punto de Encuentro Familiar de Valencia por parte de Generalitat y Ayuntamiento, “trasladándose un servicio tan sensible, a un local improvisado en Paterna, con personal subcontratado que nunca ha tratado con estos menores y, además, sin siquiera pasarles los expedientes con el historial psicosocial”.

El gobierno de Ribó cerró el centro de Viveros donde se prestaba un servicio esencial para 200 familias, apartando a los profesionales que venían atendiendo estas situaciones desde hace años (psicólogos, abogados, educadores y trabajadores sociales) y desoyendo las sentencias que han venido reconociendo  su  relación laboral con el Ayuntamiento de Valencia.

La Viceportavoz ha recordado que la Consellería de Oltra convocó un concurso para la prestación del servicio, dividiéndolo en cuatro lotes (para la provincia de Alicante, la de Castellón, la de Valencia excepto la ciudad y el cuarto sólo para la capital por la cantidad de casos que atiende). La Generalitat ha adjudicado sólo las tres primeras, dejando sin resolver la relativa a la prestación del servicio en la ciudad de Valencia.

“Lo sorprendente de la situación es que el Ayuntamiento no ha seguido prestando el servicio, como podía y debía hacer por razones de evidente ‘urgencia’, en el centro que existe en la ciudad Valencia con los profesionales que lo venían atendiendo, sino que, desentendiéndose, y en complicidad con el Consell, se ha encomendado a la misma entidad concesionaria de los otros tres lotes, pero sin el proceso formal de adjudicación y trasladándolo por primera vez desde hace una veintena de años fuera del término municipal. O sea, que se adjudica sin adjudicación”, ha apuntado la concejal.

Para Ferrer San Segundo, “si la prestación del servicio en Valencia ciudad requería de una contratación específica y no se han dado las condiciones para que ésta se otorgara por los cauces legales, ¿por qué está prestando el servicio la entidad concesionaria de las otras tres zonas, pero eludiendo la adjudicación formal del lote relativo a la ciudad? ¿Si no se cumplían los requisitos para adjudicar el servicio, por qué se hace por la puerta de atrás?”

“Es más -ha proseguido-: si el concurso disponía un lote específico para ser prestado en la ciudad de Valencia, será porque es necesario y lo asistencialmente procedente. Entonces, ¿por qué se cierra el centro aquí y se despacha a las familias a Paterna, en un entorno material y personal absolutamente desconocido para aquéllas y sus menores? Estas preguntas siguen sin respuesta”, ha enfatizado la portavoz adjunta.

De esta forma, el Consell de Puig y Oltra están “otorgando la realización  del servicio sin pasar por los mecanismos e itinerarios legales; y el Ayuntamiento de Ribó consintiéndolo a sabiendas del perjuicio que supone para las familias y lavándose las manos con pleno conocimiento de la situación porque ha prestado el servicio hasta que ha cerrado repentinamente el centro. Y eso, tiene nombre: fraude de ley y abandono institucional de menores.

Asimismo, ha recordado que desde el PP ya se ha denunciado, que ni el Ayuntamiento ni la Consellería han hecho llegar los expedientes al local de Paterna. “Al contrario, se ha decidido que se retiren al almacén del edificio municipal de Tabacalera, a pesar de que contienen todos los informes y seguimiento de las familias afectadas, por lo que no se está prestando a los menores el servicio adecuado. Es como si, tras un prolongado tratamiento médico pasaran su caso a un centro de salud sin aportarle la información de su historial clínico. Pues esto es lo que han hecho Oltra y Ribó con el historial psicosocial de casi 200 familias, lo que supone un manifiesto abandono de sus menores”, ha reiterado.

Además, ha explicado que el PEF de la ciudad de Valencia, era el único de la Comunidad Valenciana que disponía de un módulo de “Intervención Terapéutica” para ayudar a las familias, y sus menores, a conseguir realizar de forma autónoma las vistas reguladas, “trabajando para que las situaciones de conflicto no cronificasen y realizando un seguimiento específico que el Consell y el Ayuntamiento de Valencia han amputado súbitamente lo que, como confirman los psicólogos que les han venido atendiendo, constituye un daño evitable y grave, en algunos casos irreparable.”

Finalmente, la viceportavoz popular ha reclamado a Consell y Ayuntamiento, dirigiéndose “en particular a las conciencias de Puig, Oltra y Ribó, que rectifiquen sus erróneas decisiones y su lesiva gestión de esta problemática. Porque, siendo afectados menores, se exige una especial protección pública. Así que, si les falta la diligencia, apliquen, al menos, sensibilidad”, ha concluido Ferrer San Segundo.