COSITAL Valencia afirma que no se puede considerar a los Habilitados Nacionales responsables de las infracciones de forma generalizada
El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local pone de manifiesto la situación de riesgo de los HHNN, después de que se imputara al secretario-interventor de Benirredrà en el juicio por la trama de las asesorías
La Audiencia Provincial de Valencia resolvió en su sentencia dictada el pasado mes de diciembre la absolución libre de Jose Antonio Momparler, secretario-interventor del Ayuntamiento de Benirredrà que se vio envuelto en el procedimiento de la denominada “trama de las asesorías”, iniciada por la Fiscalía Anticorrupción de la Comunitat. De este modo, el tribunal considera que las actuaciones del habilitado nacional, llevadas a cabo en el ejercicio de su cargo en la entidad local, no son constitutivas de delito alguno, pese a haberse producido inicialmente su imputación.
La sentencia se hizo publica el 8 de enero y en la misma se recoge que no consta acreditado que el secretario-interventor de Benirredrà “tuviera conciencia de que la actividad mercantil desarrollada por el acusado Rafael Parra -administrador de la empresa externa implicada en la supuesta contratación irregular- fuera incompatible con su condición de funcionario público”, que en ese momento prestaba sus servicios en el Consorcio de Museos. Asimismo, reza la resolución que no se puede probar que Momparler, “al autorizar el pago de las facturas emitidas por la empresa externa -Asesores Económicos Públicos S.L-, tuviera conciencia de infringir el procedimiento legal aplicable, ni de colaborar en una contratación arbitraria o contraria a derecho”.
De esta manera, quedan esclarecidos los hechos dejando fuera de toda duda la actuación del habilitado nacional en el ejercicio de sus funciones cuando tuvo lugar la contratación de la mercantil por parte del Ayuntamiento de Benirredrà. Una decisión que ha sido celebrada por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL Valencia) al tiempo que lamentan “que en ocasiones se impute a los funcionarios habilitados por el mero hecho de serlo, presumiéndose su implicación en las irregularidades acontecidas en el Ayuntamiento por el puesto de trabajo que ocupan”, según afirma Vanesa Felip, presidenta de COSITAL Valencia.
Felip asegura también que “los Habilitados Nacionales conocen de los expedientes que se someten a su conocimiento, pero no de todo cuanto ocurre en la Corporación donde trabajan ni de las motivaciones que mueven el actuar del personal con el que se relacionan en su puesto.”
El municipio de Benirredrá contrató a la mercantil Asesores Económicos Públicos S.L utilizando el procedimiento previsto legalmente para contratos menores -cuyo precio debe ser inferior a 18.000 euros y la duración no superior al año-. Junto a Momparler, también han sido absueltos el administrador de la empresa, Rafael Parra, y las dos exalcaldesas que estuvieron al frente del consistorio entre los años 2008 y 2010, Dolores Cardona y Cristina Gutiérrez, imputadas como autoras de los delitos, a quienes la fiscalía retiró la acusación el pasado mes de octubre. Todos ellos estaban acusados por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
