La Concejalía de Igualdad programa la formación para jóvenes de familias sin recursos en Valencia

La concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano, ha dado a conocer hoy los datos de las actuaciones de 2015 correspondientes al Plan de Intervención y de Inserción Sociolaboral en Vivienda Precaria en la ciudad de Valencia, y ha anunciado las actuaciones previstas para los próximos meses orientadas a mejorar la inclusión social y laboral de las personas con menos recursos.

Entre las iniciativas a corto plazo, destacan, por ejemplo, la puesta en marcha, en la segunda quincena de septiembre, de un curso becado de capacitación para jóvenes, para que estos puedan acceder a determinados cursos del Servef, así como al programa de contratación ‘Avalem Joves’, que se desarrolla con el apoyo de empresas colaboradoras. Se trata de un programa dirigido a cubrir las necesidades formativas y laborales de muchos chicos y chicas de familias que viven en viviendas precarias y que no suelen acabar la educación obligatoria.

Otra de las iniciativas pasa por hacer públicos los datos del censo de vivienda precaria de la ciudad de Valencia. Se hará por primera vez, “tanto por un principio de transparencia”, ha explicado la concejala Isabel Lozano, “como por rendición de cuentas, y por su utilidad, tanto para el propio personal del Ayuntamiento, como para las entidades que trabajan con personas sin vivienda digna (como Cruz Roja, Cepaim-Accem) o las universidades, que lo estaban pidiendo desde hacía años”. De hecho, será la primera vez que se hagan públicos estos datos, y se hará a través de la web municipal.

Lozano ha dado a conocer todas estas iniciativas esta mañana, en un acto en el que ha informado sobre los datos del Plan de Intervención y de Inserción Sociolaboral en Vivienda Precaria en la ciudad de Valencia, junto a la coordinadora de programas de la Asociación Alanna, Virginia Sanchis.

Tal como ha subrayado la delegada, “uno de los compromisos políticos adquiridos por el Govern de La Nau, por este gobierno municipal, fue el impulso de las políticas sociales para garantizar los derechos sociales fundamentales de todas las personas que viven en nuestra ciudad. Y estamos asumiendo este complejo e imprescindible reto de una manera integral, transparente y decidida”.

La intervención municipal con familias que viven en viviendas precarias (chabolas, fábricas, tiendas de campaña, vehículos o fincas ruinosas en el 80% de los casos) se enmarca en el Programa de Acceso a la Vivienda Municipal, que coordina la Concejalía de Inserción Sociolaboral.

Los retos a corto y medio plazo, ha explicado la concejala, pasan también por la ampliación hasta 100, en 2017, del número de familias acogidas al programa. Entre ellas, ha matizado, también aquellas que, por barreras de idioma o temores diversos, manifiestan reticencias a la intervención. Asimismo, se plantea el objetivo de que los niños y niñas gitanos estén escolarizados en su distrito, no en los CAES (centros de atención educativa singular), y también incrementar el parque de vivienda municipal. “Actualmente, disponemos de 98 viviendas, una cifra que lleva años estancada”, ha denunciado la concejala, “y este año hemos incorporado 4 nuevas. Pero a lo largo de 2017 esta debe aumentar, así como la rehabilitación de vivienda vacía y el alquiler social”.

Intervención con 77 familias en 2015, la mayoría españolas

Isabel Lozano ha detallado algunos aspectos del centro de vivienda precaria y del Programa de Acceso a la Vivienda Municipal correspondientes a 2015. Durante el pasado año se ha intervenido con 77 familias (de un total de 306 censadas, en 229 viviendas). El equipo de intervención está integrado por 7 personas (1 trabajadora social, 1 educadora, 5 integradores sociales y 1 voluntario rumano, “cuya función es muy útil”, ha subrayado la delegada, “para la comunicación”).

Más del 60% de las familias tiene nacionalidad española “pese a lo que mucha gente pueda tener en el imaginario”, ha matizado la concejala; mientras que el resto es fundamentalmente de origen rumano. Y la mayoría de las familias son de etnia gitana. Se trata de una población joven, ha detallado Lozano, con un nivel de formación prácticamente inexistente o de analfabetismo que, por ello, acaba ejerciendo muchas veces actividades irregulares para vivir, como recogida de chatarra o cartón (89%), mendicidad (7%), ocupación sin contrato o venta ambulante sin permiso.

La intervención familiar se lleva a cabo a partir de las mujeres de las familias, que constituyen el motor del cambio familiar. La concejala de Igualdad ha destacado los “muy buenos resultados en la intervención” en relación a la alfabetización (por ejemplo, en el caso del asentamiento de Patraix, donde se está realizando la formación allí mismo, 2 días a la semana desde hace 5 años); la planificación familiar con las mujeres (charlas y talleres con ginecólogo); la elevación de la edad de celebración de los matrimonios (que ha pasado de los 14-15 a los 18-20 años); o la escolarización de los menores (puesto que prácticamente el 100% de los menores entre 3 y 16 años están escolarizados).

El programa tiene un presupuesto de 203.049 euros anuales y abarca diferentes fases, que van desde la recogida de datos del censo hasta el realojamiento de una familia.

La coordinadora de programas de Alanna, Virginia Sanchis, ha detallado las diversas acciones que se desarrollan en el programa interfamiliar de la asociación, que se asienta sobre una intervención individualizada de cada miembro de la familia en cuestión y en sus ámbitos de convivencia. Las acciones van desde el reparto de material escolar a los talleres de alfabetización, cuya importancia ha destacado porque suponen la puerta de acceso a otras formas de inclusión.

Al término de su intervención, Isabel Lozano ha anunciado una jornada de presentación del informe de resultados de este programa para personal técnico, administraciones, entidades y organismos interesados, que se llevará a cabo el próximo mes de septiembre. “Queremos sistematizar la realización de estudios o búsquedas sobre las familias y personas que se encuentran en viviendas precarias”, ha concluido. “Los estudios longitudinales de familias concretas (seguimiento específico a lo largo del tiempo) podría dar información sobre la efectividad de la intervención realizada y ayudar a planificar medidas y actuaciones futuras”.