El Colegio API de Valencia pide doblar la cantidad de las ayudas al alquiler de viviendas de la Generalitat
El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia considera claramente insuficientes las ayudas al alquiler de viviendas de la Generalitat Valenciana, 7,9 millones de euros, y pide a la administración autonómica que realice un esfuerzo para, al menos, doblar esta cantidad. El plazo para solicitar estas ayudas está abierto hasta el próximo 26 de junio, por lo que la administración autonómica aún está a tiempo de rectificar y aumentar dotación económica y plazos.
El portavoz del COAPI Valencia, Richard Argandoña, señala que los 8 millones de euros son una cantidad muy reducida para la amplia demanda de alquiler que existe en la provincia de Valencia y toda la Comunidad Valenciana, por lo que “el presupuesto se va a agotar rápidamente y se van a quedar fuera miles de solicitantes”. Además, pide a la Consellería de Vivienda que abra más los criterios por los que se otorga prioridad en la concesión de las ayudas ya que, por ejemplo, sólo tienen prioridad los jóvenes de 30 años, “pero hoy hay jóvenes de más de 30 años que aún viven con sus padres porque no tienen capacidad económica para independizarse”.
Además, el portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia considera que es importante que se realice una apuesta firme y decidida por el alquiler mediante unas ayudas con buena dotación económica y que se paguen en tiempo y forma. “Esta es la forma de apoyar a muchas personas con problemas para acceder a una vivienda a causa del desempleo y la precariedad laboral. Además, cuanto más se recurra a estas ayudas, se evita la economía sumergida y se incrementa la recaudación de impuestos”, manifiesta.
Finalmente, Argandoña recuerda que el Agente de la Propiedad Inmobiliaria es un profesional cualificado que puede informar a los consumidores sobre quién puede beneficiarse de estas ayudas y cómo pueden ser solicitadas. El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia tiene el objetivo de representar y defender los intereses de los más de doscientos API colegiados, además de trabajar para asegurar los derechos de los consumidores en el ámbito del sector inmobiliario.
