EU: "El Ayuntamiento agota en nueve meses la partida destinada al abono de intereses de demora"

La concejala del grupo municipal de Esquerra Unida, Rosa Albert, ha señalado que a 19 de septiembre de 2013 se habían abonado un total de 6.992.019 euros en concepto de intereses de demora, lo que supone que la partida destinada a este concepto se quede prácticamente a cero ya que el presupuesto inicial era de 5 millones de euros, cantidad que fue ampliada en dos millones tras una modificación posterior. Para Albert, “este hecho nos reafirma cuando en su momento planteamos que la partida destinada a intereses de demora era absolutamente insuficiente además de ficticia, a la vez que volvemos a insistir en que la falta de sujeción a la legalidad con la que actúa el PP nos lleva a que estos errores los tengamos que pagar entre todos los valencianos y valencianas”.

Asimismo, la edil de la formación de izquierdas ha indicado que de estos casi siete millones de euros que el Consistorio ya ha pagado por intereses de demora, un total de 1.976.909 euros se han destinado al abono de intereses por expropiaciones mientras que 1.623.869 euros es resultante de sentencias de reclamación patrimonial. De esta última cantidad, la práctica totalidad es debido a la pérdida de una sentencia de la que se dio cuenta el pasado mes de abril en Junta Local de Gobierno y que hacía referencia a una reclamación de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios por la ocupación por la vía de hecho de los inmuebles situados en los números 3, 13 y 47 de la calle Escalante afectados de ocupación para la ejecución de las obras de ampliación del Instituto de Formación Profesional de El Grao.

El Ayuntamiento en junio de 1998 aprobó el Plan de Reforma Interior de Atarazanas-Grao y en ejecución del mismo se tramitó un proyecto de expropiación para la adquisición de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras de ampliación del Instituto de FP El Grao. Los propietarios de varias parcelas afectadas interpusieron un recurso de reposición contra el proyecto de expropiación que, finalmente, fue desestimado, hecho que provocó que decidieran plantear un recurso contencioso administrativo. “Estando en trámite el recurso contencioso administrativo, el Ayuntamiento acordó anular el acuerdo por el que se aprobó definitivamente el proyecto de expropiación, sin embargo, no restituye a los reclamantes los inmuebles que les pertenecen y se siguen ejecutando las obras del instituto”, ha explicado Albert.

Ante esto, los propietarios plantean una reclamación por responsabilidad patrimonial dado que el Ayuntamiento ha ocupado los terrenos sin cobertura jurídica y en la propia sentencia se recoge que se ha quedado acreditado que se han ocupado las fincas de los reclamantes sin cobertura jurídica alguna. El criterio que fija la sentencia para establecer la indemnización es el del justiprecio fijado en su día más los intereses debidos con el incremento de un 25 por ciento, alcanzando la indemnización los 4.703.363 euros, cantidad a la que, además, hay que añadir el interés legal desde la fecha de reclamación que se remonta a junio de 2005.