Un ayuntamiento socialista valenciano se rebela contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los precios de la luz

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Sagunto ha aprobado este miércoles instar al Gobierno de España a que actúe ante el encarecimiento continuado del coste de la electricidad, después de que durante este verano se hayan batido los récords y máximos históricos del precio de la luz, algo a lo que se suma la previsible tendencia ascendente en este aspecto.

La moción sobre las nuevas tarifas, presentada y defendida por el portavoz del Grupo Municipal Compromís, Quico Fernández, ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Compromís, Izquierda Unida, Iniciativa Porteña y Partido Popular y las abstenciones de Ciudadanos y Vox.

Entre los acuerdos adoptados destaca pedir al Ejecutivo estatal que exija «la transparencia de los costes reales de producción, transporte y distribución de la electricidad así como la realización de auditorías independientes y públicas de los costes reportados por las empresas del sector». Asimismo, se le solicita que modifique el sistema actual de fijación del precio de la energía y aplique «un sistema basado en el coste real de cada una de las fuentes de producción». En esta misma línea se le reclama que requiera a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia una investigación sobre «las causas reales de la subida de los precios mayoristas y actúe con urgencia para revertir los abusos que hayan podido realizar las empresas eléctricas implicadas».

Del mismo modo, se insta al Gobierno central a tomar las medidas necesarias para reducir el impacto del incremento de costes sobre los pequeños consumidores, pymes, pequeño comercio y personas que teletrabajan, mediante el impulso de «un cambio en el sistema de tarificación en que se eliminen los tramos fijos y las personas usuarias paguen en función de aquello que consumen», siguiendo el «principio de progresividad».

En este sentido, se exige que «reconozca el carácter de bien esencial de la electricidad y el derecho humano a la energía», garantizando el acceso de una cantidad básica a toda la ciudadanía. También se insta al Ejecutivo a revisar y modular las cargas impositivas vinculadas a la energía eléctrica siguiendo principios de progresividad fiscal así como a establecer de manera efectiva y permanente la prohibición de llevar a cabo cortes de suministro en viviendas en condiciones de vulnerabilidad.

En la misma línea va la petición de implementar programas de ayudas y apoyo técnico, en colaboración con la administración autonómica, destinados a la mejora de la eficiencia y el ahorro energético en edificaciones de todo tipo así como para impulsar el autoconsumo.

Por otra parte, se insta al Consell de la Generalitat Valenciana y a las diputaciones provinciales a «continuar desarrollando e intensificando las diversas iniciativas de apoyo financiero y técnico a las entidades locales para mejorar la eficiencia y ahorro energético en las edificaciones y servicios municipales», a impulsar también el autoconsumo y seguir igualmente implementando programas con idénticos fines dirigidos a los diferentes sectores económicos y sociales.

La propuesta se ha justificado teniendo en cuenta cuestiones de interés público general, según se explica en la moción, argumentando que «la manera en la cual se ha regulado y se está aplicando esta nueva estructura tarifaria y de facturación penaliza de manera desproporcionada a las familias, pequeñas empresas, personas trabajadoras autónomas, personas que teletrabajan»… «mientras mantiene intacta la opacidad, el descontrol y la arbitrariedad que caracterizan al mercado eléctrico español».

Además, se señala que no existe transparencia respecto a los costes de la energía y se recuerda que el acceso a «un bien básico y esencial como es la electricidad» constituye un derecho de la ciudadanía y se lamenta que se encuentre «una vez más supeditado a los intereses del oligopolio eléctrico».

Por estos motivos se considera que es necesario «que la Administración General del Estado se implique decididamente y apoye» un «cambio de modelo energético en el ámbito de sus competencias» y, en particular, en lo relativo a «la eliminación de barreras regulatorias al autoconsumo individual y compartido».