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La Vall d'Albaida respira tranquila con la decisión del TSJ sobre la planta de residuos animales

  • Sala del Contencioso-Administrativo dio ayer la razón al Ayuntamiento de la Pobla del Duc y anuló la Declaración de Interés Comunitario

  • El recurso estima todas las consideraciones expuestas por la Pobla del Duc y cuestiona el propio proceso administrativo

  • Ibáñez: «es la mejor noticia que nos podían dar contra una planta que afectaba toda la comarca y nuestro privilegiado patrimonio natural»

La Vall d'Albaida respira tranquila. La sección primera de la sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado la razón al Ayuntamiento de la Pobla del Duc y anula la Declaración de Interés Comunitario de la planta de residuos animales. Para el consejero de Medio ambiente de la Mancomunidad y alcalde de Bèlgida, Diego Ibáñez, «es la mejor noticia que nos podían dar contra una planta que afectaba a toda una comarca que prefiere desarrollar actividades respetuosas con nuestro privilegiado patrimonio natural». Ibáñez, que fue uno de los alcaldes denunciado para participar en las movilizaciones contra la planta, señala que «tenemos que estar muy agradecidos al Ayuntamiento de la Pobla del Duc y su equipo de juristas para demostrar a los tribunales la irregularidad de la concesión de la Declaración de Interés Comunitario por parte de Consejería que imposibilita la construcción de la planta».

El recurso de la Pobla del Duc se fundamentaba en la impugnación de las resoluciones tanto de la consejería de Infraestructuras, que otorgaba la DIGO a la empresa SIG renovables para la instalación de una planta de subproductos de origen animal, como la del director general de Evaluación Ambiental por la inexistencia de acceso rodado, suministras de aguas y energía eléctrica, así como la nula explicación sobre la ubicación en suelo no industrial por parte de los interesados, circunstancias que han quedado acreditadas. A la vez, se ha cuestionado el procedimiento administrativo para obviar de manera clara ciertos factores que destapan las carencias del proyecto, como por ejemplo la invalidez de los informes remitidos por el anterior alcalde en funciones.

Ibáñez asselanyala que «Al fin, han sido los tribunales los que han dado la razón a un proyecto que suscitaba el rechazo ciudadano en la Vall d'Albaida cómo demuestra la creación de la plataforma, las movilizaciones convocadas o la proposición no de ley presentada en las Cortes en octubre de 2014 porque se suspendiera el proyecto, acciones todas que el gobierno del PP ignoró» y expresa de nuevo «la satisfacción porque se entierra un proyecto perjudicial y peligroso para la Vall d'Albaida por los daños que hubiera causado y su irreversibilidad».

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