Jorge Rodríguez pide declarar ante el juez
Tras el levantamiento del secreto de sumario del Caso Alquería, que investiga al expresidente de la Diputación de Valencia por presunta prevaricación y malversación
El expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, solicitará declarar ante el juez del caso Alquería tan pronto como sea posible. Rodríguez tiene intención de comparecer de forma voluntaria ante el juez para aclarar, “punto por punto”, un asunto que -como ha quedado de manifiesto tras el levantamiento del secreto del sumario- no tiene ningún recorrido penal.
Así se ha manifestado el expresidente de la Diputación de València tras levantarse el secreto de sumario del Caso Alquería, que le investiga por presunta prevaricación y malversación. La Fiscalía Anticorrupción considera que el exdirigente socialista creó una “estructura de gobierno paralela a la auténtica voluntad del consejo de administración” de Divalterra.
Esta estructura estaría “formada sólo por los consejeros miembros de los partidos políticos que sustentan a la Diputación provincial, no amparada en los estatutos y que evidencia el desplazamiento de las funciones que corresponden al consejo de administración” de Divalterra, según consta en la denuncia del Fiscal Anticorrupción, incluida en el sumario.
Al respecto, Jorge Rodríguez ha anunciado, igualmente, que pedirá al juez el sobreseimiento de la causa al considerar que, en el peor de los casos, se trata de un asunto meramente administrativo. Para Rodríguez “toda la causa gira en torno a los nombramientos de siete altos cargos, cuya legalidad no sólo viene avalada por varios de los informes emitidos, sino que, además, la doctrina jurídica y la jurisprudencia los respalda totalmente. Otra cuestión, añade Rodríguez, es que haya opiniones jurídicas contrapuestas. Desde luego esto nunca puede ser materia que deba tratar el juzgado de lo penal.”
“Todos los altos cargos tenían unas funciones determinadas, desempeñaron sus tareas y cumplieron con sus obligaciones, como queda de manifiesto en los archivos de la Diputación y Divalterra”, ha añadido Rodríguez, “por lo que es una absoluta falsedad que estos altos cargos no trabajaran”.
Rodríguez concluye que no se sostiene la acusación de prevaricación y, mucho menos, la de malversación de fondos. La conclusión a la que llego es que la actuación policial fue absolutamente desproporcionada. Resulta difícil entender que se haya generado una alarma social como la que provocó el operativo policial el pasado 27 de junio y que tuviéramos que pasar una noche en el calabozo después de las acusaciones que hemos comprobado en el sumario.
Es difícil de asumir que se decretara el secreto de sumario, continúa argumentando Rodríguez, que se produjera un nuevo registro el día antes de mi proclamación como candidato y que se me comunique el sumario el día antes de la presentación en los juzgados de las listas municipales.
Además, Rodriguez aclara que en la denuncia se alude a un supuesto gobierno paralelo para dirigir Divalterra, cuando en realidad el consejo de administración, donde están representados todos los partidos, fue siempre el máximo órgano de decisión de la empresa. Todo ello no menoscaba que se hicieran reuniones previas a las que acudían consejeros del equipo de gobierno de la Diputación, formado por cuatro partidos, para consensuar la postura del equipo de gobierno.
Por último, Jorge Rodríguez añade que cuando llegamos a la Diputación, nos encontramos con un informe de la Intervención General del Estado en el que se destacaba que había 670 personas contratadas en Imelsa sin ningún proceso de selección. Entre ellas, uno de los denunciantes fue contratado a dedo en la época que fue gerente de la empresa Marcos Benavent.
