Pura Peris: “Desde noviembre hemos atendido a más de 600 familias valencianas en riesgo de desahucio”

Pura Peris es directora general de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana. Tres áreas separadas pero muy vinculadas entre sí que tratan de dar solución a uno de los grandes obstáculos que viven muchas familias valencianas: la falta de acceso a una vivienda, un problema se ha visto agravado por la pandemia con un aumento de desahucios.

Desde esta dirección también se gestionan las ayudas para acceder a una vivienda, desde el alquiler a la compra, y también para colectivos más concretos como los jóvenes. Asimismo, otra parte fundamental que trata la Generalitat, es estudiar las distintas circunstancias en materia de vivienda para buscar soluciones y políticas efectivas, algo que también se hace desde esta dirección.

Elperiodic.com ha entrevistado a Pura Peris para conocer cómo está tratando de dar solución la Conselleria a los distintos problemas de acceso a una vivienda digna y analizar cómo la pandemia ha afectado a un derecho básico como este:

Muchas gracias por atendernos en esta entrevista. Nos gustaría comenzar hablando de la Emergencia Habitacional y de cómo ayudáis desde aquí a las personas en situación extrema.

Emergencia habitacional digamos que es la parte más cercana a la ciudadanía desde donde coordinamos a todos los agentes implicados para dar una solución habitacional a personas con escasos recursos. Llevamos el paquete de ayudas que normalmente vienen con el Plan Estatal de Vivienda, como ayudas para cubrir emergencias habitacionales, al alquiler ordinario, para jóvenes y este año como novedad sale también la ayuda de compra para jóvenes. En 2020 hemos otorgado más de 4,8 millones de euros en ayudas a los ayuntamientos para que faciliten soluciones residenciales a personas en situación de vulnerabilidad, desde encontrar una vivienda en caso de desahucio, ayudas al pago para evitarlo, situaciones de ocupación sin título etc.

Este área está muy vinculada a otra de sus áreas, la de de Función Social de la Vivienda, ¿verdad?

Así es, aquí desarrollamos la Ley 2/2017 por la función social de la vivienda porque cubrir la emergencia habitacional es cubrir la parte social de la vivienda. Nos encargamos de hacer posible ese acceso a la vivienda independiente de los recursos, por medio de ayudas, haciendo adquisiciones directas o informando para que la Dirección General de Vivienda compre las casas. Un ejemplo reciente lo tenemos en Pobla de Vallbona, donde hemos analizado la emergencia y pedido que se adquirieran directamente. Ahora estamos desarrollando un decreto de viviendas deshabitadas. Queremos movilizar el parque para que cuando una vivienda está vacía, sin causa justificada o en manos de grandes tenedores, declararlos viviendas vacías y poner en marcha medidas para que se movilicen. Ese será el futuro decreto de viviendas deshabitadas que pueda entrar en vigor este verano y al terminarlo.

¿En algún caso este decreto contempla incorporar esa vivienda privada deshabitada al parque público de vivienda?

En nuestra comunidad no tenemos, como en otras, la expropiación por no uso. Nuestra ley de función social sí que lo tenía previsto pero el Tribunal Constitucional decidió que no estaba bien regulada de manera que ese artículo está ahora sin contenido. Pero no necesariamente tenemos que tener el parque público de vivienda para garantizar ese acceso, sino que se trata de tener las medidas que hagan que esa vivienda llegue a alquilarse.

¿Y cómo lo hacen?

Lo que hacemos es declarar que las viviendas en grandes tenedores no están justificadamente desocupados y a partir de ahí, obligamos a que lo movilicen. En principio otorgas medidas de fomento y sino se cumplen los tiempos, se sancionará. Junto a esto tenemos, no en nuestra Conselleria pero sí en la hermana, el impuesto de viviendas deshabitadas de forma que nuestra declaración ya va a tener una medida disuasoria, porque se establece el impuesto.

Comentaba al principio que vuestro objetivo es llevar a cabo medidas reales, que se acerquen a la ciudadanía. ¿Cómo ha cambiado esta Conselleria o este área desde que entró?

Yo entré en septiembre del año pasado y me encontré con acciones que estaban iniciadas o en fase de iniciarse. Una novedad que pusimos en marcha en noviembre del año pasado es un servicio a través de WhatsApp para situaciones de emergencia habitacional que está funcionando  muy bien, con entre 20 y 30 avisos diarios de personas que necesitan ayuda respecto a la vivienda: desahucios inminentes o anuncios de desahucios, o reciben cartas de los grandes tenedores diciendo que no les renuevan el alquiler… Este servicio de atención temprana va unido a algo que generamos en 2020 que es la Unidad de ayuda ante los desahucios. En la Comunitat Valenciana ha habido 1.553 desahucios en este primer trimestre de 2021, y menos mal que tenemos los Decreto-ley de moratoria y suspensión de los desahucios. En el primer trimestre de 2020 fueron 1.453, cuando todavía no estábamos en pandemia.

¿Estáis constatando un aumento de casos situaciones de emergencia habitacional a raíz de la pandemia?

Está afectando mucho. Por mucho que digan que los alquileres han bajado, se debe ver el recorrido más temporal. Entre los años 2008 y 2021 los alquileres subieron un 9% y los sueldos un 4%, ahí ya tenemos un desfase. Si a eso le añadimos la pandemia, los ERTE y la situación de no poder acudir a un alquiler por ver reducidos los ingresos, ya se está viendo comparando con el primer trimestre un aumento considerable. Y estamos en moratoria, con paralizaciones, prórrogas, suspensión de desahucios por situación de especial vulnerabilidad, sino serían mucho más.

¿A cuántas personas habéis atendido con los nuevos servicios de atención directa?

Entre WhatsApp y la Unidad de ayuda ante los desahucios, desde que empezamos en el mes de noviembre hemos atendido a 610 familias. Algunas son colectivas como en la Pobla de Vallbona donde atendimos  a veinte familias o otras estamos en proceso como en las cuales casi estamos en proceso como Torrent o Alfafar. Nos vemos obligados a dar alternativa habitacional y cuando no tenemos parque de vivienda pública y tienes que reparar o conseguir vivienda intentamos paralizar temporalmente, como en el caso de El Campello.

En muchas casos el problema de vivienda que atendéis tiene otro de raíz mucho más complejo, ¿Cómo se abordan este tipo de situaciones?

Efectivamente estamos hablando de personas con pocos recursos y con una situación social y económica muy vulnerable. Sin ocupación y vivienda no puede haber una vida digna, es más, sin vivienda no puedes tener una ocupación digna. Lo hemos visto en pandemia, sin vivienda tenemos muy pocas posibilidades de hacer efectivos los derechos. Pero en un análisis más profundo, si paralizamos el desahucio y reparamos la vivienda pero a la familia no se le atiende después, no se le acompaña social, culturalmente y con intervención laboral, en muy poco tiempo volveremos a tener un problema de vivienda. Por lo tanto el problema es más profundo. Esto se nos escapa un poco de esta Dirección aunque viendo la manera de intermediar.

Otro de los sectores vulnerables y con dificultades de acceso a la vivienda es el de los jóvenes, ahora más con la crisis. ¿Lo estáis viendo en la Comunitat Valenciana?

Si estamos hablando de pandemia, de crisis, de emergencia habitacional, la pandemia ha afectado especialmente a los jóvenes y más en concreto a las mujeres jóvenes. Hay una circunstancia llamativa y es que las mujeres jóvenes se emancipan antes pero también se vuelven forzadas a volver más pronto. Normalmente asociamos trabajos precarios a la mujer y ante una crisis laboral, esos son los primeros en caer.

¿Y en qué líneas estáis trabajando para ayudar a esta parte de la población?

Tenemos una línea de ayuda para el alquiler de jóvenes, del Plan Estatal de Vivienda, es cofinanciado y vamos a otorgar hasta 7,5 millones de euros. Financiamos o subvencionamos el 50% del alquiler y han de tener entre 0,3 y 3 veces IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). También estamos estudiando un plan de acción que fuera mas allá y pudiera ofrecer los proyectos culturales a cambio de alquiler en municipios pequeños, es un proyecto que todavía no ha visto la luz pero pretendemos que sea un proyecto piloto. Y ahí vinculo la tercera pata, la del observatorio de vivienda, que es el instrumento que tenemos para evaluar y analizar las distintas circunstancias en materia de vivienda. Este año tenemos dos comisiones técnicas, una de migración y vivienda y otro de juventud.

¿Por qué son importantes este tipo de análisis?

Creemos que no se pueden hacer políticas o nuevas acciones sin estudiarlas ni sin ver si ese estudio puede efectivamente dar solución en algún punto concreto. Por eso es importante establecer primero un proyecto piloto y si da la solución adecuada, que sea replicable. En materia de inmigración el observatorio tiene a Red Europea de Lucha contra la Pobreza pero también a entidades como los agentes de propiedad inmobiliaria, a otras consellerias, organizaciones no gubernamentales que estén todos los días con los migrantes, València Acull, Fundación Cepaim… y en juventud está el IVAJ, el Consell Valencià de Juventut, universidades, agentes de la propiedad inmobiliaria y otras entidades. Entre las dos comisiones hay entre 30 y 40 personas vinculadas.

Volviendo al tema de los jóvenes y concretamente a estas nuevas ayudas de compra para jóvenes. ¿Cómo funcionan?

Se podrá financiar el 20% del precio de compra de la vivienda pero con una cuantía máxima que marca el Plan Estatal de 10.800 euros y teniendo en cuenta que la vivienda no supere los 100.000 euros. Además va dirigido a poblaciones de menos de 5.000 habitantes. La idea es que si una persona está en condiciones de adquirir una vivienda, ya en el primer contrato privado de compraventa puedan aparecer esos 10.800 euros. Se debe haber adquirido la vivienda entre un año anterior a la fecha de la convocatoria y hasta que termine el plazo de la solicitud, siempre y cuando esté sin formalizar. Hasta el 30 de septiembre se pueden solicitar y es concurrencia competitiva.

Entre las ayudas al alquiler y la compra de vivienda, ¿cuántos jóvenes creéis que pueden beneficiarse?

Con las ayudas al alquiler sería una cifra similar al año pasado, unos 3.600 jóvenes, y con las de compra calculamos unos mil.

¿Qué reto tiene usted al frente de esta Dirección en lo que queda de legislatura?

A mi lo que me gustaría es que toda persona tuviera asegurado su derecho efectivo a la vivienda: que no hubiera un desahucio mas, que tuviéramos suficientes parque público para que cualquier persona pudiera tener su vivienda en propiedad o el alquiler pero un acceso digno. Tenemos el horizonte 2030 de duplicar el parque público de vivienda y llegar a las 30.000. Al final lo estamos viendo en pandemia, no podemos jugar con el derecho a la vivienda ni con la vida de las personas. Necesitamos más fuerza y más manos para lograrlo.