¿Qué propuestas económicas para la Comunitat Valenciana tienen los principales partidos políticos?

Comienza la cuenta atrás para las elecciones generales y autonómicas del próximo 28 de abril. A poco más de dos semanas para que los valencianos y el resto de españoles acudan a las urnas, los principales partidos políticos ya han empezado a informar sobre sus programas electorales. En este sentido, los partidos con representación parlamentaria debatieron ayer sus propuestas en materia económica en el Colegio de Economistas de Valencia (COEV). Hasta allí acudieron el diputado del PP en el Congreso y cabeza de lista a Les Corts, Miguel Barrachina; y la ex secretaria autonómica de Hacienda y candidata en la lista de Compromís al Congreso, Clara Ferrando. Junto a ellos, también debatió en representación de Ciudadanos el candidato a la Diputación de Valencia, Tony Woodward. La mesa la completaron el senador de Podemos, Ferran Martínez, y el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, como representante del PSPV.

Durante el debate, todos ellos plantearon las ideas de sus partidos en relación a los ejes fundamentales de la economía: políticas de empleo, medidas fiscales, inversión pública y financiación autonómica, y tecnología e innovación. ¿Qué proponen los principales partidos políticos para afrontar estos cuatro pilares?

Políticas de empleo y productividad de la economía

Los datos aseguran que la Comunitat Valenciana todavía mantiene a día de hoy un desempleo del 15%, lo cual conlleva una notable pérdida de poder adquisitivo. Según Woodward, este resultado se debe a la “falta de gestión” del Gobierno valenciano durante los últimos cuatro años, en los que asegura que el dinero destinado a las políticas de empleo ha sido “prácticamente nulo”. “Hemos bajado el paro, pero a base de precariedad y temporalidad”, destaca. En este sentido, para poner fin a la situación de desempleo en la Comunitat, desde Ciudadanos apuestan por un cheque formación porque consideran que actualmente “la formación de los trabajadores no es la adecuada”. Además, la formación naranja propone medidas a favor de los autónomos, como ampliar a los dos años la tasa reducida que pagan. Asimismo, Woodward cree importante para el desarrollo de la economía apostar por la familia a través de ayudas y becas a las familias numerosas.

Por su parte, desde Compromís se muestran orgullosos del trabajo del Consell en materia de desempleo porque, aseguran, la reducción de parados en el mes de marzo ha superado al resto de España. Según la ex secretaria autonómica de Hacienda, estos datos son “para estar contentos”. Así, Ferrando apuesta por “priorizar a la persona” y que los sectores productivos se sitúen a la vanguardia, en contra del modelo neoliberal que en su opinión, “hace que se acumule la riqueza en unos pocos”. “La economía es de las personas, de los cinco millones de valencianos”, resalta.

El PSOE también considera positivos los datos de empleo en la Comunitat al finalizar la legislatura. El director general del Instituto Valenciano de Finanzas asegura que la tasa de empleo ha crecido 8,7 puntos porcentuales, mientras la inversión extranjera lo ha hecho un 108% y el riesgo de pobreza ha caído 4 puntos. “El 15% del empleo generado en España se ha producido en la Comunitat”, indica. Para terminar de “despegar” la economía, los socialistas proponen una apuesta por la productividad y la formación de trabajadores, así como una mejora en la red de transporte “empezando por el Corredor Mediterráneo”, y una mayor internacionalización de las empresas.

La opinión de la coalición nacionalista y el PSOE no la comparte el PP, que maneja datos muy diferentes a los del Gobierno valenciano. Y es que según Barrachina, en la Comunitat existen 480.000 valencianos en riesgo de exclusión social, una cifra que se suma a los 700 millones de euros que el Consell ha gastado en entes, a su juicio innecesarios, como es el caso de À Punt, que ha perdido 48 millones de euros. En su opinión, si se han creado 300.000 puestos de trabajo ha sido “gracias a la reforma laboral del PP, como en el resto de comunidades autónomas”. De este modo, para el desarrollo del empleo y el crecimiento de la economía, los populares abogan por una bajada de impuestos y trabas, mayor seguridad jurídica y una reducción del gasto público.

Los socios del Consell también consideran que todavía existen “asignaturas pendientes” en el territorio valenciano, ya que aseguran que no se han recuperado ni el empleo ni los salarios porque la temporalidad y los despidos “están disparados”. Esta situación debería paliarse, según Podemos, a través de un aumento de inversión en I+D+I y un pacto para la industria que siente un suelo mínimo de inversiones. En opinión de Martínez, todo ello debería ir acompañado de la mejora de las condiciones laborales y la equiparación salarial entre hombres y mujeres. Además, la formación morada no concibe la productividad de la economía sin un apoyo a las energías renovables para desarrollar la “transición energética”.

Medidas fiscales

Los impuestos son otro de los principales puntos de discrepancia irreconciliables entre los cinco partidos. Así, Ciudadanos defiende lo que Woodward denomina el “principio de no discriminación”, a través de una reducción del IRPF y el impuesto de patrimonio, además de la eliminación del impuesto de sucesiones porque en su opinión, con este último solo se ingresan 226 millones de euros. Estas propuestas también las comparten los populares, que apuestan no solo por reducir el impuesto de patrimonio, sino por eliminarlo, así como el de sucesiones porque “4.300 familias han renunciado a su herencia para otorgarla al Gobierno”. Asimismo, según Barrachina, también se debe contener o rebajar el IRPF y suprimir las trabas jurídicas.

Una opinión totalmente contrapuesta tiene la candidata de Compromís al Congreso, para quien los impuestos “no son malos porque sirven para mantener servicios públicos fundamentales”. Al contrario que PP y Ciudadanos, la coalición nacionalista aboga por el principio de progresividad y la justicia tributaria, para que paguen “más los que más tienen”. En este punto, Ferrando aclara que una sociedad financiada justamente podría plantearse rebajar los impuestos, pero no en el caso de la Comunitat Valenciana. “Decir lo contrario es hace demagogia”, subraya.

“Hacer pagar a los que tienen que pagar” también es la principal postura del PSOE respecto a las medidas fiscales. Es decir, para Illueca se trata de incluir tipos impositivos a las familias más favorecidas, ya que la rebaja impositiva solo afectaría al 0,7% de la población, que según el socialista son los “ricos que el PP quiere mantener”.

En el mismo sentido se manifiesta el representante de Podemos, para quien es una “irresponsabilidad” hablar de gasto público “cuando somos la comunidad más endeudada de España”. Así, desde la formación morada defienden una fiscalidad suficiente y medioambiental.

Inversión pública y financiación autonómica

Los datos oficiales muestran que la Comunitat Valenciana se sitúa a la cola de la financiación autonómica respecto a otras comunidades españolas. Es decir, ningún territorio se encuentra peor financiado que el valenciano, una situación que desde hace años preocupa a todos los partidos por igual. Así, Compromís apuesta por un nuevo modelo del sistema de financiación basado en el reparto poblacional, de manera que las comunidades con más habitantes reciban mayores ingresos para mantener los servicios públicos. “Somos una comunidad insostenible financieramente”, lamenta la responsable de Compromís.

Por su parte, Podemos también defiende una reforma de financiación económica que garantice los servicios públicos fundamentales y “dotar eso de fondos de cohesión con más recursos”. Además, en opinión del senador de Podemos es necesaria una reestructuración de la deuda en la Comunitat. En este sentido, la deuda de 47.000 millones de euros y las inversiones arbitrarias también preocupan a Ciudadanos, que propone la creación de una oficina de inversión que garantice que las inversiones son las adecuadas.

Los socialistas, igual de alarmados que sus socios por la escasa financiación, abogan por desarrollar un fondo en los años de mayor abundancia para aplicarlo en las épocas de escasez.

Más optimista que el resto de partidos se muestran los populares, que aunque continúan preocupados por el reparto económico, consideran que la financiación ha crecido con el Gobierno de Rajoy. Además, en opinión del diputado del PP, la “única manera de conseguir ingresos es generar empleo”.

Tecnología e innovación

La tecnología y la innovación se consideran el cuarto pilar necesario en una economía avanzada, y con el paso de los años y el desarrollo tecnológico, los partidos le han otorgado más importancia en sus programas electorales. En concreto, desde Podemos incluyen la obligación de impulsar el Plan Renove en los polígonos industriales para apoyar la financiación de estas tecnologías y aumentar su número.

Al mismo tiempo, la formación que lidera Pablo Iglesias tiene presente mejorar los niveles de formación y ampliar las becas, así como apostar por nuevos sectores y un nuevo modelo de movilidad sostenible. En opinión de Martínez, la innovación pasa por la intervención pública y una economía de mercado.

Al contrario, desde el PP aseguran que la “intrusión en el mercado asusto a quienes vienen a invertir”. “Libertad es creación de riqueza”, subraya Barrachina. Para lograr una mayor inversión de empresas en la Comunitat y en el país, los populares son favorables a crear una “política de atmósfera”, no hostil, a través de bajos tipos de interés y bajos impuestos que faciliten la inversión. En el mismo sentido se posiciona el representante de Ciudadanos, para quien la fiscalidad es “excesivamente alta” para las empresas. Por ello, desde la formación naranja proponen que los dos primeros años los empresarios no paguen nada de impuestos. Además, a esta iniciativa, Woodward añade destinar el 2% del PIB nacional a la inversión en I+D+I, ya que se  muestra convencido de que si fuera así “España estaría a la cabeza”.

Por otra parte, los socialistas son partidarios de una política industrial activa donde exista una colaboración público-privada, de forma que los poderes públicos trabajen “codo con codo” con los empresarios para promover nuevos negocios. Del mismo modo, para sus socios de Gobierno es imprescindible realizar inversiones en los institutos tecnológicos y en innovación, así como tener en cuenta la transparencia tecnológica.