Rallo explica en el Congreso que el PSOE respalda la comisión de investigación sobre Castor
El diputado socialista por la provincia de Castellón, Artemi Rallo, ha sido el encargado de anunciar en el Pleno del Congreso el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a la creación de una comisión de investigación sobre el proyecto Castor, detallando las razones por las que se ha adoptado esta decisión.
Asegura que "es necesario esclarecer cuáles fueron los motivos que llevaron al gobierno del PP a pagar de forma rauda y veloz una indemnización de 1.350 millones a la empresa Escal UGS, cuando lo que se imponía era un análisis de la situación medioambiental, administrativa, jurídica y económica que se creaba a partir del momento en el que se produjeron los movimientos sísmicos". Lo que se necesitaba en ese momento era "hacer un buen análisis que permitiera tomar una decisión serena que se ajustara a Derecho".
Durante su intervención en el pleno del Congreso, Rallo ha recordado que la planta de almacenamiento de gas natural frente a la costa de Vinaròs pretendía atender la demanda energética española en caso de escasez o de cese de las importaciones y que fue el ministro de Industria del PP con Aznar, Josep Piqué, quien concedió el primer permiso mediante un Real de Decreto de fecha 6 de septiembre de 1996, hace ahora 22 años.
La iniciativa siguió todo el trámite administrativo pertinente y fue aprobada definitivamente en mayo de 2008 después de contar con todas las licencias municipales requeridas.
En 2012, tras el cese de actividad que se produjo por la alarma creada por la sucesión de movimientos sísmicos que se vivió en la zona, otro ministro del Partido Popular, José Manuel Soria, aseguró en un primer momento que no se pagaría indemnización alguna a la empresa promotora pero finalmente el gobierno de Rajoy acabó aprobando en octubre de 2014 una indemnización de 1.350 millones de euros.
Una indemnización adelantada a la empresa Escal UGS que los usuarios deberían ir pagando durante un periodo de 30 años con un recargo mensual en la factura del gas. El importe total a pagar durante 3 décadas, con los consiguientes intereses, suponía que la ciudadanía tendría que asumir un gasto total de 4.700 millones de euros.
No obstante, gracias al recurso interpuesto en 2015 por el entonces diputado socialista en el Congreso, Ximo Puig, se produjo un fallo en diciembre de 2017 por el que se declaraba inconstitucional el Decreto Ley con el que el gobierno de Rajoy aprobó con carácter de urgencia la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa promotora.
El Tribunal Constitucional consideró que no había razones que justificaran la urgencia del pago y puso en evidencia con su fallo que el gobierno del Partido Popular antepuso la defensa de los intereses de particulares sobre los generales.
El diputado socialista por Castellón ha argumentado que la creación de la comisión de investigación sobre Castor "es necesaria para que se esclarezcan las razones que llevaron al gobierno del PP a pagar 1.350 millones de euros con carácter de urgencia a Escal UGS (empresa participada en un 66% por la constructora ACS), y para conocer las irregularidades que pudieran haber concurrido durante los procesos de adjudicacion finanación y construcción".
Dice que "tenemos que determinar si faltó transparencia durante el proceso de adjudicación, si hubo irregularidades en la financiación, si los sobrecostes estaban justificados, si eran lícitas las cláusulas que brindaban la inversión, si se respetó la legislación medioambiental, si la indemnización aprobada se ajustó a Derecho, si las consecuencias económicas han de ser asumidas por los usuarios y cuál debe ser el destino final de una infraestructura construida que se encuentra en estado de hibernación".
