Compromís, PSOE y Castelló en Moviment reclaman que “se ponga fin a los recortes en Correos”
Los grupos de la oposición en la Diputación, excepto Ciudadanos y a instancias de Compromís, han acordado apoyar las reivindicaciones de los trabajadores de Correos de Castellón. Compromís, PSOE y Castelló en moviment han decidido plasmar este apoyo en una moción en la cual instan al Gobierno central a corregir el recorte presupuestario que está previsto que sufra el servicio. Para ello, piden al Gobierno que modifique la rebaja "porque es un recorte que está teniendo consecuencias claramente negativas para la ciudadanía, para Correos y para sus trabajadores y trabajadoras", han coincidido en manifestar los representantes de los tres grupos Xavier Trenco, Fernando Grande e Iñaki Vallejo. Asimismo, han reclamado la progresiva restitución de los 120 millones de euros recortados en Presupuesto General del Estado (PGE) de 2017 por el Partido Popular, para garantizar la prestación del Servicio Postal Universal y la viabilidad de esta empresa pública.
Según han explicado, el servicio postal público, -deficitario en buena parte del territorio, también en Castellón, especialmente en ámbitos no urbanos-, depende de Correos, que ha visto recortada su financiación presupuestaria por la prestación del Servicio Postal Universal un 66% (120 millones) en 2017. El Proyecto de PGE para 2018 elaborado por el Partido Popular vuelve a recortar tal cuantía en un tercio, a la espera del cierre del debate presupuestario. Además, el Estado adeuda por este concepto a la empresa postal pública más de 250 millones de euros correspondientes a ejercicios de los últimos años.
Los perjudicados están siendo, en primer lugar, los ciudadanos y empresas de zonas rurales, entornos diseminados poblacionalmente o polígonos industriales, ámbitos en los que el servicio prestado por Correos está experimentando un deterioro considerable, con medidas extremas como la supresión del servicio.
En este sentido, y a consecuencia de la reducción de los medios de financiación con que cuenta Correos para la prestación del servicio púbico, la empresa ha recortado 15.000 empleos desde 2010, 150 en la provincia de Castellón, que además de provocar el empeoramiento del servicio postal, supone más desempleo para nuestra provincia.
El recorte de servicios prestados a los ciudadanos, especialmente en localidades como Castellón, Vila-real, Borriana, Benicarló, Vinaròs, L'Alcora, Segorbe, Onda, etc... implica la desaparición o recorte del reparto domiciliario de correspondencia, cierre de oficinas en zonas rurales o de escasa población, reducción de horarios de atención al público o supresión de puestos de ámbito rural que actualmente prestan servicio en miles de núcleos de población que se verán privados de un acceso mínimo a los servicios postales.
El recorte afectará a más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones. En nuestra provincia, el ajuste podrá implicar: 300 carteros suprimidos, las poblaciones más pequeñas de la provincia y los diseminados sin reparto regular, miles de ciudadanos afectados por la pérdida o debilitamiento del servicio postal y centenares de kilómetros de reparto recortado.
A todo ello hay que sumar la advertencia de los sindicatos de Correos del inicio de un proceso de movilizaciones y de un conflicto laboral abierto en caso de no corregirse el recorte en de financiación y empleo, motivo añadido de preocupación y de incertidumbre.
Trenco, Grande y Vallejo han manifestado su rechazo ante "el recorte de financiación perpetrado por el gobierno del PP los últimos años, que afectará a cualquier localidad pero de forma especial a poblaciones de ámbito rural y zonas no rentables económicamente, implicando una desigualdad manifiesta respecto a ámbitos urbanos y grandes centros de población".
Además, los tres grupos han instado al Ministerio de Hacienda, como propietario de Correos, a la aprobación a la mayor brevedad posible del Plan Estratégico que permita su adaptación empresarial a las necesidades de demanda de la ciudadanía, así como a garantizar la plantilla suficiente para la prestación adecuada del servicio.
"Pedimos al nuevo Gobierno de España desbloquear el Convenio Colectivo y Acuerdo funcionarial, bloqueado desde hace más de 4 años, de la mayor empresa pública de nuestro país con casi 60 mil trabajadores/as. E instamos al conjunto de Grupos Parlamentarios con representación en las Cortes Generales a impulsar las iniciativas necesarias para hacer posible dicha rectificación", han concluido.
