La cerámica de Castellón advierte que los costes de la descarbonización serían “demoledores”

Uno de los retos a los que se debe de enfrentar el clúster cerámico castellonense es la descarbonización de su proceso productivo, una exigencia de la Unión Europea para cumplir con los objetivos medioambientales. Y es que, aunque el sector afirma que está "trabajando intensamente" en ello, aseguran que no es posible hoy por hoy alcanzar la meta de cero emisiones en 2025. 

"Está lejos de nuestras posibilidades", ha explicado esta semana el vicepresidente de Ascer, Miguel Nicolás, en el balance anual de la patronal de fabricantes de azulejos, un clúster que vive sumido en una tormenta perfecta sin visos de mejora y con la amenaza de India en el horizonte.

Y es que a la concatenación de crisis que atenaza al sector se debe sumar este reto que debe afrontar en pocos años. Así, Nicolás explica que el clúster cerámico está “estudiando varias alterativas, pero que están todavía en una fase embrionaria, por lo que no son viables para aplicarse a medio plazo”.

Una de estas alternativas al gas natural sería su sustitución por hidrógeno o biometano, otro plan sería la electrificación de sus hornos y la tercera opción la captura del Co2 emitido. Sin embargo, todas estas alternativas acogen dificultades, empezando por la complejidad de cambiar todo el sistema de producción de las empresas.

En el caso de la sustitución del gas natural por otro gas como el hidrógeno (el modelo que ha comenzado a implantar Pamesa en una de sus plantas atomizadoras), haría falta multiplicar por diez la factura eléctrica y por dos el consumo de agua para producir este hidrógeno.

Respecto a la segunda opción, Nicolás señala que para convertir los hornos y turbinas al modelo eléctrico se necesitaría multiplicar el consumo de luz y las previsiones de la Comunitat Valenciana de producción renovable para los próximos años. Tanto, explica, que sería necesario “cubrir el terreno equivalente a 18.900 campos de fútbol con placas solares o el de 156.000 campos con molinos de viento.

A modo de ejemplo, la industria cerámica necesitaría una potencia de 16'5 GigaWatios de potencia para producir todo el hidrógeno necesario para abastecerse, lo que "es lo mismo que multiplicar por seis la potencia prevista en campos de placas solares para toda la Comunitat Valenciana de aquí a 2030".

Así, Nicolás estima que si se plantea con los requisitos actuales “los costes de la descarbonización serían demoledores” en una horquilla entre los 56.000 y los 81.000 millones de euros. Una inversión que para amortizarse en un periodo de retorno de 15 años obligaría a un sector ya tocado a duplicar el precio de su producto, lo que complicaría la venta en los mercados.

Mientras tanto, Nicolás explica que el sector ha reducido sus emisiones un 12% por la caída de la producción, mientras que la factura del impuesto europeo de emisiones se ha reducido solo un 7%, por “el aumento brutal de los costes” hasta los 83 euros por tonelada de Co2 que se imponen ahora frente a los 5’8 de 2017.

Por si fuera poco, Nicolás ha criticado las condiciones draconianas que tiene que afrontar la industria para inscribirse en los PERTE, lo que les impide recibir las ansiadas ayudas para su modernización tecnológica.

“Tampoco se tiene en cuenta nuestro ‘décalage’ entre los días de cobro y los días de pago, al ser un sector que depende de la exportación”, añade Nicolás, lo que impide a la industria cumplir con los periodos de pago que exige la ley de subvenciones, que Ascer exige que se modifique.

Asimismo, Nicolás lamenta que para optar al PERTE se exige una reducción del 29% de las emisiones, lo que considera que es “totalmente inalcanzable” y, más aún, “con unos plazos de ejecución irreales”.

“La industria española necesita contar con el firme apoyo de las administraciones, tanto en el aspecto económico como en el aspecto regulatorio vista la gran dificultad técnica a la que nos enfrentamos y el enorme reto económico que supondrá la transición energética”, subraya Nicolás, que ve un agravio comparativo las imposiciones de Europa a su industria que los competidores de terceros países no tienen que cumplir.