El PP de Castellón agradece la defensa del Gobierno central a la libertad de educación

El Partido Popular de la Provincia de Castellón ha agradecido la encendida defensa del Gobierno de España de la libertad de los padres contra el decreto de plurilingüismo del conseller de Educación Vicent Marzà. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado en la sesión de control del Congreso que el Ejecutivo presentará un contencioso-administrativo contra el proceso de inmersión lingüística que ha aprobado la Generalitat para “velar porque en España a nadie se le discrimine”. El diputado nacional por Castellón, Óscar Clavell, ha celebrado la “contundencia con la que el Gobierno del Partido Popular peleará para evitar que haya valencianos de primera y de segunda, como pretende el Consell de PSPV y Compromís”.

Las palabras del ministro de Educación, entiende Clavell, “suponen un alivio para las familias castellanohablantes de que hay alguien que defiende sus derechos”. El dirigente nacional subraya las declaraciones del también portavoz del Gobierno al asegurar que “el Ministerio no aceptará una respuesta que mantenga diferentes requisitos para conseguir la acreditación máxima del inglés en función del nivel de castellano o valenciano que se imponga”.

“El Partido Popular ha entendido desde el primer momento que este decreto era un chantaje en toda regla a los padres para conseguir los fines nacionalistas que pretende Compromís con el beneplácito de los socialistas”, explica Clavell. El diputado por Castellón recuerda que la Alta Inspección de Educación ha remitido ya una carta de colaboración a la Conselleria para que modifique el decreto de plurilingüismo. “Méndez de Vigo ha dicho alto y claro en la sede de la soberanía nacional que la Generalitat tiene que rectificar”, subraya.

El Gobierno continuará “con contundencia, pero siempre dentro de la ley y de la lealtad institucional”, la defensa de la convivencia lingüística, ha manifestado el ministro. Clavell explica que “el Ejecutivo seguirá hasta el final en la defensa de la libertad de los padres con todos los medios a su disposición”. Para ello, después de la carta de colaboración, la Alta Inspección de Educación remitirá un requerimiento a la Conselleria para que modifique el decreto y, si hace caso omiso, procederá a un contencioso-administrativo, según ha anunciado el ministro esta mañana en el Congreso”.