El PP asegura que “el Gobierno apuesta por la provincia y su economía al liberalizar la AP-7”
El Partido Popular de la Provincia de Alicante asegura que "el Gobierno apuesta por la provincia y su economía al liberalizar la AP-7", manifestó la diputada Loreto Cascales tras el anuncio del Ministerio de Fomento de que no prorrogará la concesión de esta autopista más allá de 2019. La alicantina pone en relieve que "esta importante vía de comunicación permitirá una mejor conexión hacia Cataluña y la frontera francesa para nuestras empresas y desplazamientos más cómodos para los miles de turistas que vienen a Alicante todos los años".
El plazo de la concesión de la AP-7 entre Alicante y Tarragona concluye en 2019 y será entonces cuando vuelva a ser propiedad del Estado, que decidirá entonces su modelo de explotación. "El Gobierno entiende que es fundamental para una provincia como Alicante contar con las mejores comunicaciones posibles para facilitar la dinámica de una economía netamente exportadora", explica la diputada, "y la AP-7 es una prueba de ello, ya que facilitará que los productos alicantinos lleguen a la frontera francesa y, de ahí, a Europa".
Loreto Cascales subraya que "la facilidad para desplazarse hasta Benidorm y el resto de la Costa Blanca permitirá que muchos más turistas se decidan por venir a Alicante", algo necesario para "mantener el ritmo de crecimiento que el sector turístico apunta los últimos años gracias a la buena coyuntura económica fruto de las reformas del Ejecutivo". Permitirá, además, "que las comarcas de La Marina Alta y La Marina Baixa dejen de estar asiladas y separadas del resto de la provincia por una autopista de peaje", lo que permitirá que "numerosos municipios como Calpe, Jávea o Villajoyosa puedan desarrollarse aún más".
Recuerda que fue un compromiso de la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, que el actual titular de la cartera, Iñigo de la Serna, ha mantenido: "El Partido Popular hace un trabajo serio y no anuncios oportunistas que no se mantienen en el tiempo", insiste.
En esta línea, explica que "no se puede rescatar antes de que concluya el plazo de concesión puesto que crearía una inseguridad jurídica manifiesta y el Gobierno se enfrentaría a una posible demanda que costaría millones de euros a las arcas públicas". Cascales se refiere así a la propuesta presentada por Compromís en el Senado para que acelerara esta liberalización, "una propuesta que ningún Gobierno sensato puede defender", indica.
