LA UNIÓ presenta alegaciones al proyecto del plan hidrológico de la cuenca del Tajo en defensa de los regantes y agricultores alicantinos
Pide que no se eche a perder la riqueza creada por el trasvase en la provincia de Alicante
LA UNIÓ de Llauradors ha presentado diversas alegaciones al proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo (PHT) que tratan de defender los intereses de los regantes y agricultores alicantinos.
Esta organización agraria considera que algunas cuestiones del nuevo proyecto del PHT afectan de manera muy negativa a la economía y calidad de vida de los agricultores incluidos en el área regable del Acueducto Tajo-Segura (ATS), pero también a todos los usuarios de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
En las alegaciones presentadas se demanda por ello que se mantenga o incremente la riqueza creada hasta ahora con la llegada de las aguas del Acueducto, manteniendo el trasvase Tajo-Segura con las posibilidades actuales del mismo, sin elevar la reserva no transvasable fijada en la Ley de 240 Hm3, y contemplada tanto en la Ley del PHN de 2001 como en el PHT vigente.
En este sentido indica que de incluirse finalmente los 80 Hm3 de reserva para las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla la Mancha quede claro que se trata de previsiones y no para reducir los excedentes a trasvasar manteniendo así las prioridades del uso de agua del río Tajo para las necesidades de su cuenca.
LA UNIÓ aboga porque se elabore una Ley del Trasvase Tajo Segura y se saque del debate social la disponibilidad del recurso imprescindible para el desarrollo económico y social. No puede resolverse el problema de un tramo del río Tajo, que está causado por la mala calidad de las aguas que llegan mal depuradas, y que además pueden regularse, produciendo un grave perjuicio económico en el área regada por el Acueducto, y afectando a millones de habitantes que tienen como recurso principal para beber el agua del trasvase. Hay agua para resolver ambos problemas, sólo es necesaria la voluntad de acometer las obras necesarias, y que forzosamente resultarán muy rentables, desde el punto de vista ambiental, económico, y también social.
LA UNIÓ solicita así mismo la creación de una comisión no permanente de representantes y técnicos del Estado y de los gobiernos autonómicos concernidos, así como de los municipios afectados, regantes y grupos de defensa del medioambiente, que siga la planificación y desarrollo de las actuaciones, y posteriormente pueda proponer las modificaciones de caudales ecológicos y otros factores que puedan devenir.
Pide también elaborar un proyecto de actuaciones y dotarlo de presupuesto y una temporalización adecuada. Las inversiones que permitan mantener la riqueza creada España deben ser priorizadas, porque está garantizado su rendimiento y el beneficio para el interés general. Además existen numerosas actuaciones que se proponen que, en todo caso, habrán de ejecutarse.
LA UNIÓ reclama que se prioricen las inversiones en depuración de aguas residuales de las grandes poblaciones que vierten, directa o a través de otros cauces, al río Tajo, y cuyos caudales tienen un impacto directo en la calidad del agua y los ecosistemas asociados, pero también en la calidad ambiental de los entornos urbanos del río. De este modo demanda, que de manera prioritaria y dado el interés nacional de las mismas, se construyan sistemas de acumulación y regulación de las aguas tratadas, tanto de Madrid como de los núcleos urbanos con mayor impacto negativo en la calidad fluvial, de manera que se generen caudales circulantes mayores en las épocas de estiaje, con la consiguiente mejora de los cauces y de la calidad ambiental, no sólo en el río Tajo sino en los afluentes, cuyo caudal ambiental tiene unos valores muy bajos en la propuesta del Plan.
En este sentido exige que se mantengan las condiciones actuales de 240 Hm3 de reserva en la cabecera del Tajo y caudales ecológicos vigentes en el actual PHT, tanto en Aranjuez como en Toledo, hasta que se realicen las actuaciones de mejora en la calidad de las aguas residuales y sistemas de regulación, y pueda entonces calcularse sin producir daños irreparables a ninguno de los usuarios actuales de las aguas del río.
