Luisa Pastor: “La petición de los regantes es razonada y considero necesario el consenso en materia hídrica”

La presidenta de la Diputación de Alicante Luisa Pastor se ha sumado hoy a las reivindicaciones de los regantes de las comarcas del Vinalopó y l’Alacantí, en un acto público donde ha señalado que “la petición de los regantes es razonada y considero necesario el consenso en materia hídrica”.

Esta iniciativa ha tenido como objetivo la defensa del agua y el empleo y el rechazo de la eliminación de 18.000 hectáreas de regadío en estas comarcas que se contempla en la revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar.

Centenares de personas han asistido a este evento convocado por la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa y que se ha celebrado en el Auditorio de Monforte del Cid.

La presidenta de la Diputación de Alicante ha apoyado esta iniciativa cuyo objetivo es conseguir que se reconozca toda la superficie de regadío que afecta especialmente a las comarcas del Vinalopó y L’Alacantí, así como defender las demandas reales de agua para los cultivos alicantinos e impulsar medidas eficaces para paliar el déficit estructural por la falta de agua.

Al acto también han asistido los vicepresidentes de la institución provincial César Augusto Asencio y Mercedes Alonso, la diputada de Ciclo Hídrico Mónica Lorente, el diputado de Proaguas Juan Ramón Varó, diputados provinciales, autonómicos y nacionales de los dos partidos mayoritarios, así como representantes de toda la sociedad civil.

Pastor ha puntualizado que “hoy es un día importante y reivindicativo para nuestra provincia. Nos reunimos para alzar la voz por una causa justa y necesaria, una lucha común que pretende poner fin a un problema que afecta a la totalidad de nuestra provincia y de nuestra Comunidad: la falta de agua”.

La situación es especialmente complicada en los municipios de Novelda, Aspe, La Romana, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid y Elche, donde se perdería más del 50% de la superficie de regadío.

Los usuarios, los representantes de las entidades y comunidades de regantes de las comarcas alicantinas afectadas y los ayuntamientos de las zonas implicadas se han adherido a este manifiesto que recoge dichas propuestas y reivindicaciones y que se ha firmado conjuntamente.

Luisa Pastor ha señalado que “la Diputación de Alicante estará siempre al lado de los regantes y los agricultores y de sus necesidades, porque velando por ellos estaremos defendiendo los intereses de todos los ciudadanos de la provincia”.

El documento suscrito hoy contempla remitir los acuerdos adoptados al Gobierno de la Nación, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y a todos los miembros del Consejo del Agua de la Cuenca, instándoles a apoyar las iniciativas acordadas.

La Diputación de Alicante, en su apuesta por el aprovechamiento y optimización de los recursos hídricos, ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años un total de 457 actuaciones en programas de eficiencia, ahorro y calidad del agua con una inversión superior a los 15 millones de euros en todos los municipios de la provincia.

El 66,8% de esta aportación se ha destinado a la distribución, saneamiento y evacuación de pluviales, el 8% a instalaciones electromecánicas y automatización, el 7,5% a depuración y reutilización, el 6,5 a abastecimiento, el 4,8% a captación, el 3,7% a depósitos de regulación y el 2,6% a desinfección y potabilización.

Manifiesto regantes
El proceso de revisión del vigente Plan de Cuenca del Júcar y el documento que contiene el Esquema de Temas Importantes (ETI) sólo reconoce 30.487 hectáreas de regadío, mientras que la cantidad contabilizada para las entidades integradas en la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja es de 48.402.

El manifiesto que han suscrito esta mañana las entidades de riego y comunidades de regantes de las comarcas integradas en el sistema Vinalopó-Alacantí recoge que “de mantenerse las previsiones y cálculos erróneos del ETI supondría eliminar unas 18.000 hectáreas de regadío”.

El documento en defensa del agua y el empleo reivindica que el Consejo del Agua de la Cuenca no emita el informe de revisión del Plan de Cuenca hasta que no se reconozcan sus “gravísimos defectos y omisiones” y se subsanen.