Maritina Hernández denuncia el grave impacto en la economía de Alicante que supondría la reducción de su superficie de regadío
El Gobierno impone sus tesis en la Junta de Gobierno de la CHJ y suprime los derechos de regadío de 40.000 hectáreas en el conjunto de la Comunitat
“Esta decisión pone en riesgo miles de empleos en un sector estratégico para la Comunitat como el agroalimentario”
La Consellera lamenta que el Gobierno ignore las alegaciones del Consell y los usuarios y que efectúe los cálculos con falta de rigor
La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, ha afirmado que “la supresión de los derechos de regadío de 18.000 hectáreas en l’Alacantí y el Vinalopó tiene un grave impacto económico a medio y largo plazo sobre la provincia de Alicante y pone en riesgo miles de puestos de trabajo del sector agroalimentario”.
La Consellera se ha referido así a la decisión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar de elevar al Consejo del Agua, con la oposición del Consell, el esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de aguas de la demarcación hidrográfica del Júcar, en el que se prevé la reducción de un total de 40.000 hectáreas de la superficie de regadío en el conjunto de la Comunitat Valenciana, dentro del trámite de elaboración del nuevo Plan Hidrográfico del Júcar que ha puesto en marcha el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Maritina Hernández ha declarado que “el Gobierno una vez más ignora las alegaciones del Consell y de los usuarios”, y ha recordado que las demandas del regadío valenciano “se han de fijar de acuerdo con los planes de la Generalitat, que es quién tiene la competencia según el Estatuto de Autonomía”.
Según ha explicado, las alegaciones del Consell revelan que en el nuevo plan del Júcar se definen las demandas a partir de los consumos de un año concreto, que en este caso fue 2005, y no a partir de la superficie regable, sin contar con que si parte de ella no puede regarse un determinado año es consecuencia de circunstancias diversas, como en 2005, en el que debido a la sequía muchas tierras se encontraban en estado de barbecho.
Desde el Consell se considera que el Gobierno ha efectuado los cálculos de las superficies regables con “falta de rigor y sin voluntad de consenso al no considerar las alegaciones planteadas por el Consell y los propios regantes, ignorando el impacto económico de la solución, que afecta directamente a la viabilidad de las explotaciones agrarias entre las que destacan la uva de mesa, hortalizas y frutales”.
En este sentido, Maritina Hernández ha reclamado “un análisis exhaustivo sobre cada uno de los sistemas de explotación que constituyen la demarcación, teniendo en cuenta además la interrelación ya consolidada por ejemplo entre el Júcar y el Turia o entre el Turia y el Palancia, o el Júcar-Vinalopó, o el Júcar y la Mancha Oriental”.
El Consell defiende una política de agua eficiente que garantice a través del máximo aprovechamiento de nuestros recursos, tanto el abastecimiento en cantidad y calidad a toda la población como el mantenimiento de la actividad productiva de todos los sectores económicos estratégicos, como es en este caso el sector agroalimentario de la provincia de Alicante. Agua que en el ámbito de la agricultura debe llegar en cantidad suficiente, en el momento necesario y a un precio que haga viable la actividad agraria.
