El Grupo Socialista insta a Pastor a que "exija la retirada inmediata del decreto del Consell que obliga a dependientes al copago en residencias y centros de día"
Soler: “Sospechamos que detrás de estas medidas se esconde una intención de acabar con la dignidad de las personas con discapacidad, que a partir de ahora pierden su autonomía para depender de la caridad”
El Grupo Socialista de la Diputación de Alicante ha presentado una moción instando a la Diputación a que exija al Consell la inmediata derogación del Decreto 113/2013, de 2 de agosto ya que “con este nuevo decreto el Sr. Fabra impone un nuevo copago en los centros de día, talleres ocupacionales, residencias y viviendas tuteladas destinadas a personas con discapacidad y dependientes”. Así como respaldar las peticiones del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad.
El Portavoz del Grupo Socialista, Alejandro Soler, ha señalado que “es inadmisible esta nueva agresión al sector de la discapacidad, que ya no puede admitir más recortes en sus prestaciones. El PP ya ha recortado en las cantidades económicas que les correspondían por la aplicación de la Ley de la Dependencia. Continuó con la eliminación de la gratuidad de las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas, el llamado copago farmacéutico y el copago a médicos y “medicamentazo”. Sospechamos que detrás de estas medidas se esconde una intención de acabar con la dignidad de las personas dependientes, que a partir de ahora tendrán que depender de la caridad”.
Para Soler, “es necesario que esta Diputación muestre su respaldo a que se restituyan los derechos de las personas con discapacidad. Ante este injusto retroceso, instamos a que el Pleno Provincial se una a esta propuesta del Grupo Socialista para reclamar la retirada inmediata de este decreto”.
Así mismo, el Portavoz Socialista hace un llamamiento a respaldar las peticiones del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, ya que esta plataforma representa el 95% de los más de 400.000 discapacitados de la Comunitat y están denunciando que “el nuevo copago genera un empobrecimiento de las personas con discapacidad y va frontalmente en contra de los derechos humanos y de la promoción de la autonomía personal, poniendo en peligro la dignidad de las personas atendidas, los puestos de trabajo, la supervivencia de munchos centros y la sostenibilidad del sistema de servicios sociales”.
