La Diputación interpone un recurso ante el TSJ contra el decreto del plurilingüismo del Consell
La Diputación de Alicante ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra el decreto del Consell que establece el modelo lingüístico educativo valenciano y pide su anulación por entender que vulnera la Constitución y lesiona los intereses generales de la provincia de Alicante.
El portavoz del equipo de Gobierno Provincial, Carlos Castillo, ha señalado esta mañana, en rueda de prensa, que este recurso “no se dirige en absoluto contra el uso y el conocimiento del valenciano en la educación sino en contra de la discriminación flagrante de un decreto que utiliza el inglés como premio o castigo para imponer la enseñanza del valenciano”. Esta medida persigue únicamente “garantizar que todos los alumnos y alumnas puedan acceder en idéntica medida a una docencia de calidad, plural, respetuosa con la diversidad e integradora”, ha añadido.
La medida impulsada por el Consell resulta contraria a derecho, según ha detallado, porque vulnera la Ley 4/1983 de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano, al obviar las zonas de exención expresamente incluidas en el mismo y omite el deber de evitar cualquier discriminación por motivo lingüístico. Asimismo, continúa, vulnera la Constitución ya que “discrimina gravemente a los alumnos que se escolarizan predominantemente en castellano -‘nivel básico’- al impartirles menos carga docente del idioma inglés y no acreditarles conocimiento alguno sobre esa lengua frente a los que lo hacen predominantemente en valenciano -‘nivel avanzado’-”.
Castillo ha explicado que la institución provincial se encuentra legitimada para impugnar el decreto del plurilingüismo impulsado por el conceller de Educación, Vicent Marzá, a pesar de carecer de competencia directa en materia educativa, como defensora del interés general de la provincia “ya que es evidente que el mismo provoca un perjuicio injusto para Alicante de orden económico, social y cultural que no puede pasar inadvertido”.
Alicante es la provincia más castellanohablante de la Comunitat Valenciana, como reconocen los propios informes del Consell, por lo que el decreto “resulta especialmente discriminatorio con nuestro territorio al penalizar sus circunstancias sociológicas y culturales con una menor impartición de enseñanza en inglés y la ausencia de certificación automática de dicho idioma, comprometiendo de ese modo el futuro laboral de los alumnos y ocasionando un notable perjuicio a la provincia que mayor número de inmigración nacional recibe”, ha apuntado el también vicepresidente y diputado de Presidencia, Relaciones Institucionales y Economía.
En este sentido, ha apuntado que la provincia de Alicante va a recibir en cómputo global un 43% menos de carga lectiva en inglés que Castellón y un 15% menos que en Valencia, en lo que atañe al nivel avanzado. Además, el cuádruple de colegios con respecto a Castellón y más del doble con respecto a Valencia impartirán la línea configurada como ‘básica’ que conlleva menos horas de inglés.
“Se ha roto el consenso para el uso social del valenciano, a través de una normativa cuestionada desde el primer momento y que rompe el mapa lingüístico establecido en la Ley De Uso y Enseñanza del Valenciano y que ha hecho de la provincia de Alicante el mejor ejemplo de coexistencia y de convivencia de todas las lenguas”, ha apuntado Castillo, quien ha señalado que “la Conselleria de Cultura no ha inventado el plurilingüismo; con este decreto ha creado un problema”.
El portavoz del equipo de Gobierno ha lamentado que “esta sea la forma que tiene la Generalitat de hacer política; las cosas por las buenas o a través de decreto sin diálogo y sin consenso, lo que nos obliga a acudir a la Justicia” y ha recordado que “esta imposición normativa nace cuestionada desde el principio y con la oposición de sindicatos y asociaciones de padres y madres”.
