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Cotino afirma que la decisión del Gobierno de Zapatero de no trasvasar agua para Alicante contribuye a generar más desempleo

  • El Vicepresidente considera que Zapatero vuelve a mostrar su desprecio por el campo alicantino

  • Destaca que las manifestaciones de Alarte, Pajín y de la Vega son únicamente de cara a la galería

  • Cotino subraya que lo único que se ha pedido son aguas excedentarias imprescindibles para el progreso alicantino

El Vicepresidente social y conseller de Medio Ambiente, Agua, urbanismo y Vivienda, Juan Cotino ha afirmado que la decisión de la Comisión de explotación del Tajo Segura de no trasvasar agua para regadío a Alicante contribuye a “generar más desempleo. “Una vez más el gobierno de Zapatero da la espalda a la Comunitat Valenciana, pero esta vez además mostrando su desprecio por una tierra próspera que sin agua se ve abocada a la ruina”, ha manifestado el Vicepresidente.

El conseller ha señalado que desde la Vega Baja “lo que se ha hecho, cuando no ha habido agua, ha sido restringir el agua para que tengamos todos y cuando hay, dar el agua para que se cree y se genere empleo”, y ha añadido que esa negación del Gobierno de Zapatero “es faltar a la justicia distributiva, eso no es justo ni es bueno para nadie, entre otras cosas, porque esa decisión sigue creando desempleo, que es lo único que sabe hacer el Gobierno Central”.

Cotino ha señalado que “también es un alto precio el que los agricultores alicantinos están pagando por la pésima gestión de un Gobierno que castiga reiteradamente a la Comunitat Valenciana, poniendo la zancadilla en todas aquellas decisiones que suponen un beneficio para nuestra Comunitat”.

Para el Vicepresidente, “es evidente que todas las manifestaciones que realizan tanto Pajín como Alarte y De la Vega no son más que declaraciones de cara a la galería, porque demuestran una y otra vez que no quieren solucionar los problemas de déficit hídrico que sufre la provincia de Alicante”. “Así –ha añadido- nos vuelven a demostrar que no tienen ninguna intención de defender los intereses de nuestros agricultores y que lo único que les interesa es salir en los periódicos con declaraciones grandilocuentes”.

Según ha señalado, “no tiene ningún sentido que la Comisión de explotación del Tajo Segura aplace nuevamente la decisión de trasvasar agua para regadío, puesto que los embalses de Entrepeñas y Buendía, reguladores del trasvase, almacenan más de 700 Hm3 de los 240 que se establece como reserva legal. Por ello ahora no hay ninguna excusa para impedir que trasvasen esa agua que a ellos les sobra y que tanto les hace falta a nuestros regantes alicantinos”.

“El agua es necesaria para nuestros campos de cultivo, pero también para la industria, el turismo y, sobre todo, para el abastecimiento humano, por ello no se puede entender que nos la nieguen sistemáticamente”. Además, el Vicepresidente ha recordado que en la provincia de Alicante, la decisión del Gobierno de Zapatero de dejar de trasvasar agua tendría unas consecuencias muy negativas para los alicantinos, así más de 80.000 familias se quedarían sin empleo. “No podemos permitir que esto ocurra y es que el agua es el eje central de la agricultura, la industria y el turismo y es necesaria para que puedan seguir siendo el medio de vida de tantos alicantinos”, ha manifestado.

“Aunque parezca impensable –ha insistido- hay quien nos arrebata el poco agua que podíamos tener. Hemos asistido a la eliminación y derogación del trasvase del Ebro y se puede dar la situación de que nos quiten, también, la del trasvase Tajo-Segura. Lucharemos para que no se dé esta situación aunque la verdadera solución vendrá cuando haya un Gobierno central que defienda verdaderamente los intereses alicantinos”.

Por último ha explicado que la llegada de estas aguas excedentarias reportaría un importante beneficio ambiental, ya que permitiría recuperar los acuíferos sobreexplotados, y mejorar la calidad del suelo al dejar de regar con agua desalada. Del mismo modo supondría la reducción de emisiones de gases, y un gran ahorro energético, sin olvidar que los alicantinos ahorrarían en torno a 32 millones de euros.

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