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Compromís: "El PP ha hecho un uso electoralista contra el plurilingüismo del servicio jurídico de la Diputación"

ELPERIODIC.COM - 26/09/2018

Compromís presentará una iniciativa en el próximo pleno ordinario de la Diputación de Alicante para conocer el gasto y tiempo que los servicios jurídicos institucionales han dedicado a la obsesión del Partido Popular en contra del valenciano después de que el Tribunal Constitucional haya inadmitido el recurso de inconstitucionalidad del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana presentado a instancias del equipo de gobierno de César Sánchez.

La coalición recrimina al PP el uso torticero del departamento legal de la Diputación, cuya función debería ser la del asesoramiento jurídico a los pueblos, para emprender una campaña del odio contra una de las lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana.

Sobre la sentencia, el portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, ha manifestado que "es una gratificación y premio al trabajo constante del Consell y un hachazo a la política destructiva y judicial empleada por el PP. El Constitucional no ha hecho otra cosa que parar los pies a una politización de la vida educativa".

"El PP, a falta de proyecto político, ha intentado sembrar el odio entre las lenguas y paralizar el sistema educativo valenciano. Su estrategia de llevar al Constitucional el plan del Consell para el aprendizaje del valencianos el castellano y el inglés, queda probada como una cuestión partidista. Ya no lo dice solo Compromís sino el Tribunal Constitucional, que no le ve sentido procedimental a las tesis jurídicas del PP en la Diputación. Les pedimos que usen los servicios jurídicos para asesorar a los pueblos y no para sus guerras del odio", ha continuado Fullana.

La sentencia se ha conocido dos días antes de que la Comisión Europea aborde en un congreso sobre enseñanza plurilingüe cuatro ejemplos de buenas prácticas en el espacio europeo. Uno de esos ejemplos de buenas prácticas de cómo enseñar el plurilingüismo es el actual plan del Consell, que el PP consideraba inconstitucional.