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Bonig tiende la mano a Puig para implantar un sistema educativo que "garantice la libertad para elegir"

Bonig tiende la mano a Puig para implantar un sistema educativo que "garantice la libertad para elegir"
  • Los populares ponen a disposición de la comunidad educativa los servicios jurídicos del PPCV para impugnar los proyectos lingüísticos del Consell

La síndica del PP en les Corts, Isabel Bonig, ha vuelto a tender hoy la mano a Puig para proponerle un acuerdo que “implante un sistema educativo que garantice la libertad de las familias” para elegir el tipo de educación y la lengua que quieren para sus hijos.

La líder popular se reúne hoy en Almoradí con alcaldes y portavoces del PP de la Vega Baja y con equipos directivos de centros escolares de esta comarca.

Bonig ha explicado en rueda de prensa en Alicante que “el PP no es un partido antisistema. Es un partido de gobierno, serio, responsable, que tiende la mano, que sabe lo que hace porque ha gobernado. El tema de la educación tiene un impacto social y económico muy importante. PP lleva toda la vida defendiendo una educación libre, abierta, pública, de calidad, que contemple la realidad de nuestra Comunidad. En esta tierra tenemos la inmensa riqueza de contar con dos lenguas, el castellano y valenciano. La lengua nunca ha sido un instrumento de confrontación sino de unión. Las lenguas no se imponen, se enseña a respetarlas y amarlas. La Llei d’us establecia la exención en zonas castellano hablante y este nunca había sido un obstáculo para que el aprendizaje del valenciano se introdujese paulatinamente, pero este Botànic ha roto con todo eso”.

“En febrero 2016 –ha proseguido- ofrecí a Puig un acuerdo en materia educativa para poner en marcha un sistema educativo plurilingüe, alejado de la confrontación, donde primase la libertad de los padres a la hora de elegir el tipo de educación y la lengua en la que quieren para educar a sus hijos. Fue imposible. Aún así seguimos tendiendo la mano al PSPV para que seamos capaces de alejar la política del sistema educativo. Tenemos una obligación moral para intentar que se dé libertad y la mejor educación posible a los niños y niñas de la Comunitat Valenciana”.

Bonig ha continuado señalando que “hay un gran malestar social tras cuatro años y 40 sentencias en contra de la política educativa de Puig y los nacionalistas de Compromís. Tendemos la mano al PSPV con la mejor intención, pero Puig hasta ahora solo nos ha dejado la vía judicial y, en la anterior legislatura, no tuvimos más remedio que acudir a los tribunales”.

“La ley del pluriligüismo aprobada en febrero de 2018 que establece un modelo único a implantar en toda la Comunitat prevé aplicar la inmersión a partir del próximo curso en secundaria, bachillerato, FP y educación para adultos. Se obliga a dar en valenciano a alumnos hasta ahora escolarizados en castellano. No caben aplicaciones progresivas. Es un modelo a traición, sin tener en cuenta la realidad educativa y sin haber consultado con los centros y familias. En la ley no cabe la implantación progresiva. El artículo 8 dice que solo se aprobarán los proyectos experimentales siempre que se hayan superado los objetivos previstos en la ley, es decir que el 25% de las troncales se dé en castellano. Desde la Conselleria saben que no pueden aprobar los programas experimentales. Va a haber una inmersión lingüística que el TSJ ha declarado contraria a derecho. En el fondo solo quieren trasladar a la educación valenciana la misma hoja de ruta independentista que se ha hecho en Cataluña”.

Propuesta en les Corts y ayuntamientos

Isabel Bonig ha anunciado la presentación de una iniciativa en les Corts que la vamos a llevar a todos los ayuntamientos de las tres provincias. En la propuesta se solicita, en primer lugar, la derogación de los artículos de la ley actual de 2018 que van en contra de la Llei d’us como la exención en zonas castellano-hablantes. En segundo lugar se insta a Educación a que las indicaciones a los equipos directivos sobre la aplicación de la ley lo haga por escrito. Exigimos que el gobierno de Puig cumpla la ley y las instrucciones las dé por escrito para dar seguridad jurídica a los directores y jefes de estudios de los centros”.

La propuesta solicita, en tercer lugar, la realización de una consulta vinculante a los padres para poder aplicar los proyectos lingüísticos de cada centro, la evaluación de los resultados académicos y la planificación para garantizar la elección. En cuarto lugar, también propone velar porque haya una oferta suficiente en valenciano y en castellano. “Así se garantiza la oferta en las dos lenguas para que las familias sean libres y puedan demandar la lengua en la que quieren que estudien sus hijos”.

Asistencia jurídica para presentar recursos

Isabel Bonig ha anunciado que “el PP pone sus servicios jurídicos a disposición de la comunidad educativa para que impugnen ante el TSJ los proyectos lingüísticos de centros que sean contrarios a la ley y a derecho. No todos tienen suficiente capacidad jurídica para recurrir, por eso ponemos a disposición de la sociedad nuestros servicios jurídicos y que puedan acudir a la vía contencioso-administrativa para garantizar la defensa de sus derechos de como padres con esta ley se ven mermados y condicionados. Este es el último recurso. No nos gustaría acudir a la vía judicial pero la legislatura pasada fue imposible”.

Por último, ha reiterado su propuesta de acuerdo a Puig “para establecer un sistema educativo que garantice la libertad, seguridad y libertad a los padres que son quienes eligen la educación de sus hijos. La administración planifica. Me consta que hay gente del PSPV, alcaldes de la zona, que comulga con esto. Estamos dispuestos a negociar, pero si no nos dejan más remedio acudiremos a los tribunales”.

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