Cs Almoradí presenta de nuevo una moción para reclamar medidas de garantía en la seguridad y la convivencia de los ciudadanos frente a la ocupación ilegal de viviendas

El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional de los Estados de Derecho. Su protección resulta esencial. Así lo expresa el artículo 33 de la Constitución española, al igual que el Código Civil y otras normas de nuestro ordenamiento jurídico. En los últimos tiempos, la sociedad española está siendo testigo de un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, han cargado a menudo contra las familias vulnerables: la ocupación ilegal de viviendas.

Para comprender este problema es necesario abordar tres precisiones, la primera es jurídica dado que las garantías han de proteger el derecho a la propiedad. La segunda es de naturaleza política son aquellos supuestos de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados por ejecuciones hipotecarias, además de las ocupaciones ilegales. Todo esto suponen una privación del derecho de la propiedad, pero, mientras que las víctimas de desahucios merecen toda la protección en la medida de lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de viviendas, merecen todo el reproche.

Contra la okupación es necesario actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La okupación es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos y convierte a los dueños y a los vecinos en víctimas sufriendo el deterioro de la convivencia siendo por ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados narcopisos en el caso más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa.

Así a causa de la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños se enfrentan a un grave problema que carece de una solución justa y eficaz.

Por ello, es urgente y necesario introducir distintas modificaciones legales que afronten en su integridad el fenómeno de ocupación ilegal, por ello el Defensor del Pueblo ya inició una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la Fiscalía General del Estado por las quejas de ciudadanos que ponen de relieve el aumento de la ocupación ilegal de inmuebles en España y recomendaba prever los cauces adecuados para la implantación de medidas que reduzcan estos casos.

La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de la ocupación ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una afectación a la seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad ha de recaer sobre los Ayuntamientos.

En palabra de la portavoz, Almudena Albentosa, del grupo Ciudadanos Almoradí: “Esta es la segunda moción que presentamos en este sentido. Aunque sabemos que se están realizando actuaciones en este sentido por parte de Policía Local y Guardia Civil, creemos necesario seguir actuando e insistiendo en tomar medidas en este sentido, ya que Almoradí, continúa teniendo un número elevado de viviendas ocupadas, pisos en los que se realiza la venta de sustancias ilegales e incluso donde se ejerce la prostitución. Por lo tanto, pedimos la realización de un plan municipal contra la okupación ilegal de viviendas con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados a sus propietarios, potenciar la coordinación y cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles en particular, entre la Policía Local, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, a través del Gobierno de España y de Las Cortes se realicen las reformas legales necesarias para defender la propiedad privada, agilizar los juicios relacionados con desalojos, endurecer las sanciones sobre los delitos de ocupaciones ilegales y habilitar que las juntas de propietarios puedan instar los desalojos de inmuebles ocupados”.