Gandia tapia más de un centenar de viviendas en su lucha contra la ocupación ilegal

De la problemática de la ocupación ilegal de viviendas no queda exento ningún municipio. En Gandia, como no podía ser de otra manera, tampoco. Precisamente es en esta localidad, la capital de la comarca de la Safor, donde mayor actividad han tenido las autoridades policiales en su lucha contra esta lacra social.

En los últimos cuatro años han procedido a tapiar más de un centenar de viviendas en Gandia para evitar que fueran ocupadas de manera ilícita por personas ajenas a los propietarios. Superando estos 100 hogares cerrados, la cifra aumentaría considerablemente si tenemos en cuenta que varias de estas casas han tenido que ser tapiadas hasta en cuatro ocasiones seguidas porque tras su cierre han conseguido romperlo y volver a entrar. En estos casos, tal y como ha explicado a elperiodic.com el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Gandia, Nacho Arnau, tan solo se contabiliza una vez como vivienda tapiada, “ya que en el registro de estas acciones contamos cada vivienda única, aunque es evidente que hay ocasiones en las que los agentes policiales han tenido que intervenir tres o cuatro veces en la misma casa porque habían conseguido volver a meterse”.

Han procedido a tapiar un total de 52 viviendas en la calle Perú, 20 en la zona del Grupo Porta, 10 en el barrio del Raval, 11 en Beniopa, 5 en Grau-Venècia y 4 en el barrio de Corea.

Las palabras del concejal a este digital evidencian que en Gandia “sí se está luchando contra la ocupación ilegal de viviendas y buena prueba de ello son estas más de 100 casas tapiadas”. Eso sí, el edil recalca que siempre se llevan a cabo estas actuaciones de seguridad bajo la coordinación de las administraciones judiciales competentes, además de “la buena labor de nuestra Policía Local en cuanto a la prevención con el objetivo de adelantarse a que ocupen las viviendas para, antes de esto, tapiar las que consideran como las más susceptibles de que entren”.

Arnau asegura que Gandia ha actuado, actúa y va a seguir haciéndolo en materia de ocupación ilegal para garantizar a los ciudadanos la máxima seguridad posible, “ya que dentro de nuestras posibilidades hacemos lo máximo, porque las competencias totales en esta materia las tiene el Estado y nos tenemos que ceñir a sus indicaciones”.