Cuatro familias de víctimas del franquismo culminan en Gandia ocho décadas de espera: “Cerramos el círculo que nos rompieron”

El cementerio municipal de Gandia ha sido hoy el escenario donde, por primera vez en más de 80 años, cuatro familias han podido poner nombre y apellidos a los restos de sus familiares fusilados durante el franquismo. Manuel Castillo, Manuel Martín, José Giner y Antonio Orengo han sido identificados gracias a las pruebas de ADN realizadas en el marco de las exhumaciones impulsadas en los últimos años.

Algunos de sus nietos y nietas —José, Nuria, Isabel y José Luis— han compartido este momento en el mismo espacio donde se encontraba la fosa común y todos han coincidido en una misma idea. La identificación llega tras décadas de incertidumbre y supone un alivio, pero no cierra del todo la herida.

“Ayer fue un día muy emocionante para toda mi familia y podremos cerrar el círculo que nos rompieron”, explica Nuria Martín, nieta de Manuel Martín y presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de Gandia. Aun así, matiza: “Es una alegría que no es completa”, en referencia a las familias que todavía no han podido recuperar a los suyos. En su caso, la identificación llega también con una ausencia muy sentida. Su padre, hijo de la víctima, falleció hace cuatro años sin haber podido vivir este momento.

Los cuatro casos comparten elementos comunes. Todos fueron detenidos tras la Guerra Civil, encarcelados en las Escuelas Pías de Gandia y finalmente fusilados. En tres de los casos —Manuel Martín, José Giner y Antonio Orengo—, la ejecución se produjo el 31 de octubre de 1940, tras un intento de fuga colectivo que terminó con la condena a muerte de los implicados.

“Sabían lo que les esperaba”, relata Nuria sobre aquel intento. Su abuelo había regresado a Gandia tras la guerra, después de haber pasado por Daroca, donde había nacido, intentando esconderse durante meses. Finalmente fue detenido a raíz de una denuncia. Permaneció meses encarcelado hasta aquel episodio. “Eran 29 compañeros, todos en la misma sección, considerados los más implicados”, recuerda. El intento de fuga, fallido, precipitó una ejecución que marcaría para siempre a sus familias.

El mismo patrón se repite en otros testimonios. José Luis Giner explica que su abuelo, agricultor y vinculado a la FAI (Federación Anarquista Ibérica), “fue delatado por un vecino muy próximo a la familia”. Recuerda especialmente el relato de su abuela sobre los últimos días: “Llevaba la camisa totalmente abotonada intentando ocultar la piel amoratada de las palizas que había recibido”. Esas palabras, transmitidas en el ámbito familiar durante años, forman ahora parte de un relato que ha salido a la luz.

En su caso, la búsqueda de información se remonta décadas atrás. “En los años 90 encontramos un artículo que hablaba de las personas fusiladas en aquel intento de fuga”, explica. Hasta entonces, la información era escasa y fragmentaria. La memoria oral había sido la única fuente durante mucho tiempo.

Isabel Orengo, nieta de Antonio Orengo, también apunta a una denuncia como origen de la detención: “Alguien del pueblo lo denunció. Y ya está”. Su abuelo tenía 42 años y tres hijos pequeños. La familia conserva el recuerdo del momento posterior al fusilamiento. “Mi abuela vino en un burro para poder recoger el cuerpo y la echaron, no la dejaron”, relata. Aquel episodio, transmitido durante generaciones, resume la imposibilidad de hacer duelo en ese momento.

Isabel también recuerda que una de las hijas de Antonio, fallecida recientemente, dedicó toda su vida a intentar saber qué había ocurrido con su padre. “Era pasión por él”, explica, al tiempo que lamenta que no haya podido ver culminada la identificación.

En el caso de Manuel Castillo, fusilado el 22 de junio de 1939, la familia ha vivido décadas de incertidumbre. Su nieto José afirma que “me salieron las lágrimas también, porque son 90 años en esta incertidumbre”. Entre los recuerdos familiares conserva una carta escrita desde la prisión. “La tengo plastificada”, detalla. También una fotografía que, junto al relato transmitido, ha permitido mantener viva la memoria.

José también recuerda algunos episodios previos a la detención, como el momento en que su abuelo fue invitado a subir a un vehículo por alguien que lo conocía, sin saber que detrás había un detenido con la Guardia Civil. Días después, fueron a buscarlo a la taberna que regentaba. “Mi abuela preguntaba si había hecho algo y él decía que no sabía nada”, explica. Fue encarcelado en las Escuelas Pías y poco después fusilado.

La identificación de los restos permite ahora a las familias plantear un entierro digno, en algunos casos junto a otros miembros ya fallecidos. En el caso de Nuria, la intención es enterrar a su abuelo junto a su abuela y su padre. No obstante, también pone de manifiesto que el proceso está lejos de haber terminado. Durante el acto, las familias recordaban que todavía hay muchas otras personas enterradas en las mismas fosas o en otros puntos del cementerio, sin identificar.

Un proceso largo y condicionado por múltiples dificultades

El arqueólogo Miguel Mezquida, coordinador de los trabajos, explica que la localización de las fosas no fue inmediata. “Las primeras campañas eran para descartar zonas, porque no sabíamos exactamente dónde podían estar”, señala.

Los trabajos se iniciaron años atrás, en contacto con familiares y a partir de testimonios indirectos. La falta de referencias precisas obligó a realizar intervenciones exploratorias en diferentes puntos del cementerio. “Hablábamos de distintas zonas e íbamos probando”, resume.

La ausencia de testigos directos y los cambios en la configuración del cementerio complicaron la investigación. No fue hasta la tercera campaña, en 2023, cuando se localizaron las fosas y se pudieron exhumar 24 cuerpos. Los trabajos, sin embargo, tuvieron que detenerse por riesgo de derrumbe, ya que hay nichos construidos encima.

Además, los procesos de identificación se alargan por la saturación de los bancos de ADN. “En los últimos años se han incrementado mucho las exhumaciones y eso ha colapsado los laboratorios”, explica Mezquida. Esta situación implica que las muestras pueden tardar meses o incluso años en ser analizadas.

“Todo esto genera aún más dolor en las familias”, reconoce. A pesar de ello, asegura que los equipos continuarán trabajando para ampliar el número de identificaciones y revisar los resultados para intentar mejorarlos. También subraya la importancia de la colaboración de las familias aportando muestras de ADN, especialmente de familiares de primera generación cuando es posible.

Todavía quedan alrededor de 40 cuerpos por exhumar en esta zona, además de otras posibles fosas que no han sido localizadas con exactitud. Los trabajos futuros dependerán tanto de las condiciones técnicas como de la disponibilidad de recursos.

El reto institucional

La concejala de Memoria Democrática, Alicia Izquierdo, destaca la importancia del paso logrado, pero advierte de las dificultades que quedan por delante. “Aún quedan alrededor de 40 personas enterradas a nuestros pies”, señalaba durante el acto.

Izquierdo ha repasado también el recorrido institucional del proyecto, desde la creación de la asociación de familiares en torno a 2018 hasta el inicio de las campañas de exhumación en 2022. La edil ha recordado, además, que las primeras prospecciones fueron negativas y que no fue hasta intentos posteriores cuando se pudieron localizar las fosas.

La continuación de las excavaciones implica actuar sobre los nichos situados encima de la fosa, una operación compleja tanto desde el punto de vista técnico como administrativo. “El mismo respeto pedimos para los que están arriba y para los que están abajo”, afirma, en referencia a la necesidad de compatibilizar los derechos de todas las familias.

Izquierdo también reclama mayor implicación institucional: “Es una cuestión de Estado”. Según explica, estos procesos no pueden depender únicamente de la voluntad o los recursos de los ayuntamientos. “No puede ser que ayuntamientos pequeños tengan que asumir todo el peso de estas actuaciones”, añade.

Actualmente, el consistorio trabaja para garantizar la continuidad de las excavaciones y la identificación de los restos exhumados, a pesar de las dificultades económicas y administrativas.