La Fiscalía pide cuatro años de prisión para el hermano de Ximo Puig por falsificación documental y estafa
La investigación se inició a raíz de una querella del PP por presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones vinculadas a la promoción del valenciano en medios de comunicación durante los años 2015 y 2016
La Fiscalía ha reclamado una condena de cuatro años de prisión para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Se le acusa de un delito continuado de falsedad documental junto con un delito agravado de estafa, por presuntamente emitir facturas falsas para obtener subvenciones públicas.
El escrito de la Fiscalía, del que se hace eco la agencia EFE, también detalla que, de manera subsidiaria, se le podría imponer una pena de dos años y medio por falsedad continuada en concurso real con apropiación indebida, además de otros tres años por apropiación indebida agravada.
Caber recordar que esta investigación se inició a raíz de una querella presentada por el Partido Popular en marzo de 2019 por presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones vinculadas a la promoción del valenciano en medios de comunicación durante los años 2015 y 2016. Las empresas implicadas, Comunicació dels Ports y Mas Mut Producciones, estaban administradas por Francis Puig.
Posteriormente, en noviembre de 2019, el PP amplió la querella para incluir a Juan Enrique Adell Bover, propietario de un grupo empresarial que, según la denuncia, participó en el supuesto fraude con facturas duplicadas y otras irregularidades. Entre sus empresas se encuentran Canal Maestrat y Kriol, donde ocupaba puestos de administración.
El 31 de enero de 2025, el juez dictó un auto de procesamiento contra Francis Puig y Adell por estafa y falsedad documental, aunque descartó el delito de fraude en subvenciones, dado que la cantidad presuntamente defraudada, aproximadamente 67.500 euros, no alcanzaba el umbral penal de 120.000 euros que regía en la época de los hechos.
El proceso judicial apunta a la utilización de facturas falsas, la creación de sociedades pantalla, domicilios ficticios y actividades no relacionadas con el objeto de las ayudas, con el fin de obtener las subvenciones de forma indebida.
Por su parte, la Fiscalía solicita para Adell una pena de tres años de prisión por falsedad documental continuada y estafa agravada, en calidad de cooperador necesario.
