Cullera exigirá más beneficios para la ciudad al futuro urbanizador del Manhattan
El Ayuntamiento de Cullera quiere que el futuro agente urbanizador del sector Bega-Port, el conocido popularmente como PAI del Manhattan, reporte a la ciudad un mayor beneficio público del previsto hasta ahora.
Así lo avanzó el alcalde de la ciudad, Jordi Mayor, en el pleno ordinario de julio celebrado el lunes en el que se aprobó la renuncia del consistorio a ser agente urbanizador para que esta condición pase a ostentarla la iniciativa privada bajo la tutela de la Administración pública.
«Vamos a sacar unas bases para adjudicar la condición de agente urbanizador en las que la ciudad de Cullera va a salir más beneficiada no solo económicamente sino también en cuanto a dotaciones», dijo el primer edil.
En ese sentido, ha puntualizado que se va a primar el interés público, la sostenibilidad ambiental, la solvencia y la viabilidad del proyecto.
La intención es «acabar con una forma de entender el urbanismo que buscaba solamente el beneficio de la parte privada» para pasar a impulsar una política urbanística «al servicio del interés general», ha remarcado Mayor.
La renuncia a la condición de agente urbanizador se produce al resultar «inviable» para las arcas municipales, en palabras del alcalde, costear los más de 94 millones de euros que cuesta la urbanización. Una cifra que tendría que actualizarse y que podría ser incluso superior, advirtió el concejal de Urbanismo, Juan Vicente Armengot.
«Si el ayuntamiento, a través de la empresa Emucsa —en fase de liquidación— fuera el que urbanizara el sector, como estaba previsto hasta ahora, hipotecaríamos de por vida al pueblo de Cullera», ha afirmado rotundamente el primer edil. «Sería una irresponsabilidad histórica», estima Mayor, y «este gobierno no va a poner en jaque el futuro de la economía municipal y de la prestación de los servicios públicos», ha dejado claro.
Blindaje jurídico
Pero no es el único motivo. Con la renuncia a ser el agente urbanizador, el consistorio se 'blinda' jurídicamente ante demandas millonarias por responsabilidad patrimonial que pudieran presentar los propietarios de los terrenos en caso de que, finalmente, el PAI no se ejecutara. Cabe recordar que si en un plazo de cinco años no se aprobara el proyecto de reparcelación, el suelo volvería a ser rústico, a tenor de lo dispuesto en el Pativel.
«Hemos adoptado una posición jurídicamene defendible y eso nos deja tranquilos», comentó Mayor en el debate plenario, donde el equipo de gobierno informó de que ya se presentó en su momento una demanda de 2 millones de euros por la paralización del PAI.
La renuncia a la condición de agente urbanizador contó con el apoyo favorable del equipo de gobierno (PSPV-PSOE – y dos concejales de Compromís) así como de los grupos PP, Gent per Cullera, Ciudadanos. El único voto contrario ha sido el del edil díscolo de Compromís, Marc Joan.
Por su parte, el concejal de Compromís, Pere Manuel, sostuvo en la sesión plenaria que la posición de su grupo era una cuestión de «responsabilidad» para evitar daños futuros a la economía municipal y recordó que tanto APC como el Bloc en su momento —integrantes actuales de Compromís per Cullera— como el PSOE se habían mostrado contrarios al proyecto urbanístico tal y como lo aprobó el PP.
Sin embargo, ante el hecho consumado de que el PAI está aprobado y no se puede anular, Compromís entiende que mantener al ayuntamiento como agente urbanizador solo haría que empeorar las cosas.
«No hemos votado Manhattan sí o Manhattan no, como algunos quieren hacer creer sin saber lo que votan, lo que hemos votado ha sido evitarle daños mayores al ayuntamiento», ha precisado el potavoz de Compromís, Hugo Font.
Interés
La responsabilidad de la ejecución del Manhattan pasará, pues, a ser de la iniciativa privada bajo las directrices públicas. Será la demanda la que decidirá si el proyecto tiene viabilidad o no.
«Interés hay», admitió el alcalde, «y a todos los que vienen a informarse les decimos lo mismo», añadió. «Estamos dando luz y taquigrafos» a un proyecto que hasta que entró este nuevo gobierno no había tenido transparencia», apostilló.
Por último, Mayor recordó que el actual planeamiento, heredado y con el que no están de acuerdo los dos grupos del equipo de gobierno, «no se puede cambiar» ni el PAI se puede anular. «Decir lo contrario es hacer demagogia y alimentar esperanzas aprovechándose del desconocimiento general sobre la legislación urbanística», concluye.
