Compromís quiere que el Estado recupere las cesiones de vías con contraprestación para urbanizarlas

Compromís ha presentado en la Comisión de Fomento del Senado una moción para reclamar que se acabe con la práctica extendida desde 2009, por la que “por insuficiencias presupuestarias, sólo se tramitan los expedientes de cesión de travesías en que los ayuntamientos manifiestan en acuerdo plenario que renuncian a cualquier contraprestación económica por parte del Estado”. Para el senador valencianista Carles Mulet, la situación ha cambiado notablemente tras la crisis económica que azotó al país desde 2007 “por lo que debe retrotraerse a la situación anterior y compensar a aquellos municipios que durante estos años no han podido recibir fondos para adecuar carreteras que durante décadas ha atravesado sus núcleos urbanos, separado a vecinos o causado accidentes de todo tipo”, ha agregado.

Mulet ha recordado que han sido muchos los ayuntamientos valencianos afectados por cesiones de tramos de carretera sin ayudas, como los de la variante de la N340 a su paso por el Maestrat (Vinaròs, Benicarló y Peñíscola) o Albaida, Alcoi y Sueca, por citar ejemplos y casos en los que en algún municipio todavía no se ha ni recepcionado el vial por el rechazo a esta medida. El senador territorial ha calificado de “chantaje” la erradicación de las contraprestaciones realizadas a estos municipios y la firma de un convenio “trampa” por el que los alcaldes renunciaban a los fondos e hipotecaba a los municipios con decenas de kilómetros de un vial que necesita ser convertido a urbano con el consiguiente coste para sus ciudadanos “cuando otros sí han tenido dinero para adaptar estos viales a la trama urbana, lo que es una flagrante injusticia y un agravio comparativo entre unos y otros municipios y ciudadanos”

La moción recuerda que los municipios cumplían con lo dispuesto en la Ley de Carreteras y Reglamento General y que, ahora con la alternativa gratuita que supone para las N-340 y N-332 la AP-7 con un mejor nivel de servicio y dos carriles por sentido “es el momento por justicia de ceder y convertir en urbanos los tramos que en su día fueron afectados a carreteras que han soportado gran cantidad de tráfico, contaminación, peligro y ruidos”.

La Orden FOM/3426/2005 establece que el Ministerio de Fomento y los ayuntamientos deben firmar un convenio que establecerá los plazos en los que el ayuntamiento debe presentar el proyecto de obra a ejecutar para adaptar la vía a las nuevas necesidades. Las cantidades a percibir por los ayuntamientos para financiar la ejecución de estos proyectos las fija en 204.644 € en caso de carreteras de una calzada y en 341.074 en caso de tener dos calzadas. Actualmente, si tenemos en cuenta el incremento del IPC, las cantidades podrían estar en torno a los 253.144,63 € y 421.908,54 €. Es un objetivo del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), reflejado en la Ley de Carreteras, potenciar los intercambios de titularidad entre las diferentes redes cuando la permuta o cesión de tramos o itinerarios sea conveniente para el interés público.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se contempló en el capítulo VII (transferencias de capital) una partida de 5.692 M € destinada a asunción de competencias derivadas del cambio de titularidad de determinados tramos de carreteras estatales en vías urbanas, de los cuales se pagaron en 2017, un total de 2,15 M €. PP y PSOE han seguido manteniendo esta práctica e, incluso, el PSOE como Compromís, han llegado a presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para que los municipios reciban fondos con la entrega de los viales “por lo que es inaplazable recuperar un trato correcto para estos municipios afectados”, ha concluido.