“El Conseller de Justicia y Bienestar Social desmantela la red pública y concertada de atención a la dependencia”

Los alcaldes de Cocentaina -Rafael Briet- y de Alcoy -Antonio Francés- denuncian el comienzo de la demolición del sistema público y concertado de la dependencia con la nueva normativa que está impulsando la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, que pretende reducir de manera inmediata en 1.937 el número de plazas concertadas en toda la Comunidad Valenciana. Esta reducción, que en caso de Cocentaina supondrá 40 plazas menos y en el de Alcoy 54 plazas menos, condenará a casi 2.000 personas con rentas medias y bajas a no poder acceder al sistema público y concertado de atención a la dependencia en toda la Comunidad Valenciana.

El borrador de Orden que ha preparado la Secretaría Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia dirigida por Joaquín Martínez, que se pretende aprobar de manera inmediata, prioriza la prestación económica vinculada al servicio frente a la plaza pública o concertada. Esta privatización total del servicio supone un incumplimiento flagrante del artículo 14.2 de la ley de dependencia.

Esta eliminación de plazas concertadas supone en la práctica que las personas mayores dependientes con rentas más bajas no podrán acceder al sistema residencial. Una plaza pública o concertada es la única que garantiza el acceso a cualquier persona a la red, independientemente de su situación económica ya que es el único tipo de plaza que no exige ninguna aportación por encima de la pensión.

Rafael Briet, Alcalde de Cocentaina, afirma que “la Conselleria con esta Orden condena a cientos de mayores dependientes de Cocentaina y comarca de El Comtat a no poder acceder a una residencia en su municipio y supone el primer paso en el desmantelamiento de la red pública y concertada que se creó en los últimos años a raíz de la ley de dependencia”. Por su parte Antonio Francés, Alcalde de Alcoy denuncia que “la supresión de los conciertos y la privatización total de las plazas va a generar que la lista de espera para poder entrar en una residencia de la red pública y concertada se alargue en más de un año a los plazos actuales, condenando a muchos alcoyanos dependientes a fallecer sin poder recibir los servicios de atención a los que tienen derecho. Se trata de un nuevo ataque del gobierno autonómico a la población con menos recursos”.