Los socialistas reclaman la reapertura urgente de la vivienda tutelada para mujeres en riesgo de exclusión social

La concejala socialista de Igualdad, Carme Oliver, insta a la Conselleria de Bienestar Social a que agilice los trámites para la licitación y adjudicación de la vivienda tutelada de Castellón para mujeres en riesgo de exclusión social y sus hijos e hijas. El grupo municipal socialista ha presentado una declaración institucional para que el Ayuntamiento presione a la Generalitat. La propuesta será aprobada en el pleno del 10 de julio si cuenta con el respaldo de todos los grupos municipales.

La Conselleria de Bienestar Social había previsto reabrir el pasado 1 de abril la vivienda tutelada de Castellón, la única de este tipo que existe en la provincia y que cerró en septiembre de 2012 por los impagos de la Generalitat Valenciana. “Castellón debe contar cuanto antes con unas instalaciones dignas para prestar la atención necesaria a las mujeres en situación de vulnerabilidad”, dice Oliver.

La licitación del servicio de gestión del centro fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 19 de febrero, que señalaba que la Conselleria prevé mantener abierto el servicio por un periodo mínimo de tres años, hasta el 31 de marzo de 2017. Era la segunda licitación a la que recurría el Consell para poder adjudicar la gestión del centro después de que el pasado verano el concurso quedara desierto.

De nuevo el proceso de licitación ha vuelto a quedar paralizado, tras detectarse un error en el pliego de condiciones administrativas, lo que ha obligado a la Conselleria de Bienestar Social a desistir del procedimiento de licitación e iniciar el proceso desde cero. Una circunstancia que posterga sine die la solución al problema de la falta de infraestructuras sociales de estas características en la ciudad de Castellón.

El centro de atención a mujeres en riesgo de exclusión social estuvo gestionado hasta su cierre, en septiembre de 2012, por la Asociación Mujeres en Igualdad. El servicio dejó de prestarse por la deuda del Consell: 130.000 euros en concepto de nóminas atrasadas de un año y el impago de honorarios desde 2010, según las trabajadoras del centro.