Los socialistas de Castellón plantean que el Ayuntamiento inicie acciones judiciales para reclamar la deuda de la Generalitat
La moción será debatida en el pleno ordinario que se celebrará el 27 de julio
Los socialistas de Castellón quieren que el Ayuntamiento actúe de forma decidida para reclamar la deuda que la Generalitat tiene pendiente con la institución municipal, que ronda los 10 millones de euros. Con ese objetivo han presentado una moción, para debatirla en el pleno del 25 de julio, que plantea iniciar las acciones judiciales oportunas para exigir al Gobierno valenciano que “cumpla sus compromisos con Castellón”.
La portavoz municipal socialista, Amparo Marco, considera que “Castellón ha sido demasiado paciente, porque somos conscientes de las dificultades financieras que tienen la Administración, pero no podemos consentir que siga habiendo dinero público para costear grandes eventos, como la Fórmula 1, mientras el Ayuntamiento se endeuda para tapar las vergüenzas al Consell de Fabra”.
La persistencia de los impagos de la Generalitat Valenciana al Ayuntamiento de Castellón está condicionando la economía de la institución y agrava la deuda financiera municipal. Las declaraciones institucionales acordadas por el pleno han sido desoídas de forma reiterada por el Gobierno valenciano, cuyo presidente, el ex alcalde de Castellón Alberto Fabra, “ha demostrado una enorme insensibilidad política con la ciudad a la que representó, como alcalde y concejal, durante dos décadas”.
“El Ayuntamiento de Castellón no puede, ni debe, soportar más la situación de asfixia financiera causada por el Consell y tiene la obligación de defender los intereses de la ciudad”, indica Marco. “La irresponsabilidad de las distintas conselleries a la hora de reducir la deuda acumulada en los últimos años se traduce en una mayor aportación ciudadana al sostenimiento de los servicios públicos municipales, con tributos locales cada vez más elevados”.
Marco considera que el resarcimiento económico al Ayuntamiento de Castellón debe hacerse cuanto antes, y con la compensación por los intereses de demora. El incumplimiento en los pagos por parte de la Generalitat Valenciana está ocasionando perjuicios graves al Ayuntamiento, que ya está intervenido por el Gobierno central y se ha visto obligado a aplicar un rígido plan de ajuste que hipotecará la institución hasta 2022.
