Podem-EUPV Castelló propone la finalización de la concesión del servicio de agua potable y una comisión sobre la gestión

El grupo municipal Podem-EUPV Castelló presenta para el Pleno del Ayuntamiento de Castelló ordinario del mes de marzo que se celebra este jueves una moción en la que solicita que se finalice la concesión de gestión indirecta del servicio de abastecimiento del agua potable, así como la aprobación de una comisión de estudio que desarrolle un estudio de viabilidad económico-financiero sobre qué modelo de gestión seria más eficiente para la administración.

«En 2010 el agua fue declarada un derecho humano porque es un bien esencial para el bienestar de la ciudadanía. El cambio climático complicará el acceso a este bien y por ello las administraciones tenemos que incrementar el control público. La actual concesión del año 83 no responde a las nuevas exigencias sociales que se han incorporado en las últimas décadas, por eso proponemos que se finalice en 2023 y se estudie la mejor gestión, en lugar de prorrogarlo cinco años más», afirma el portavoz de Podem-EUPV Castelló, Fernando Navaro.

En su iniciativa plenaria, la coalición de izquierdas pide a la Corporación que denuncie  la finalización de la concesión del servicio de abastecimiento de agua potable en Castelló a partir del 1 de abril de 2023, cuando acaba la prórroga del contrato actual y que se inicie el régimen transitorio que el mismo contrato estipula para el momento de su conclusión. Al mismo tiempo, pide que se constituya una comisión no permanente de la gestión del agua potable, que elabore un estudio de viabilidad económico-financiero sobre la gestión del servicio público.

La coalición explica que la actual concesión del agua potable se firmó en 1983 por un plazo inicial de 20 años, prorrogable cinco años hasta un máximo de 50 siempre que el ayuntamiento no denuncie su finalización con dos años de antelación al vencimiento de cada prórroga.

«Desde la formalización de ese contrato, el marco jurídico del agua ha vivido importantes cambios y modernizaciones que hacen necesaria su finalización. El agua es un derecho reconocido en el Estatut de Autonomía de 2006, el servicio de  abastecimiento es un servicio público de acuerdo a la Ley de  Bases de Régimen Local de 1985, mientras la Asamblea de Naciones Unidas reconoció el agua en 2010 como un derecho humano”, explica. 

Asimismo, resalta que la actual contrato se fundamentó en el Reglamento de Contratación de 1952, habiendo vivido la legislación reformas desde 1983 hasta la última de 2017. También fija, añade, condiciones tarifarias que producen una incoherencia de la actual normativa de 2017, que establece que deben ser las Administraciones Locales, por lo que «el actual contrato impide aprobar reformas tarifarias para adaptarlas a los objetivos medioambientales de reducción de los consumos del agua potable, fijados ya en la Comunicación de la Comisión Europea sobre el uso de los recursos hídricos en 2000».