El Ayuntamiento impulsa una comisión de trabajo autonómica con los colegios profesionales para asegurar el aval de calidad y garantía de sus proyectos

El Vicealcalde del Ayuntamiento de Castellón, Javier Moliner se ha reunido esta mañana con el secretario autonómico de administraciones públicas, Rafael Peset y con los presidentes y delegados de todos los colegios profesionales (presidente del CO Ingenieros industriales, D. Javier Rodríguez; presidente del CO Ingenieros técnicos industriales, presidente del D. José Luís Ginés; presidente del CO Aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificaciones, D. Alfredo Sanz; presidente del CO Ingenieros de caminos, canales y puertos, D. José Prades; delegada del CO Ingenieros de minas, Dña. Marta Debón; delegado del CO de Ingenieros Agrónomos, D. Vicente García-Petit; delegado del CO de Ingenieros de Telecomunicaciones, D. José Carlos Archilés; presidente del CO Médicos, Antonio Herranz y presidente-decano del CO de economistas, D. Jaime Querol).

El motivo de la reunión ha sido abordar la problemática derivada de la nueva legislación aprobada por el Gobierno de la nación (Ley Omnibus y real decreto 1000/2010) y que liberaliza la redacción de los proyectos sin tener en cuenta los avales de garantía y calidad que hasta ahora aportaban los colegios profesionales. Esta medida impedirá certificar a priori la profesionalidad del redactor del proyecto y podría suponer una carga económica y de seguridad mayor tanto al cliente como a la administración que debería abordar una inspección rigurosa de cada proyecto y con ello el incremento de las cargas administrativas y la ralentización de la ejecución de los proyectos.

Javier Moliner ha señalado que “son más de 40.000 los profesionales que se ven afectados por esta ley y cuyo trabajo pierde el valor de una profesionalidad que hasta ahora garantizaba toda la calidad y seguridad que los ciudadanos necesitaban. Zapatero, como no podía controlar al sector de los profesionales, ha decidido castigar a ingenieros, arquitectos técnicos y a un sinfín de profesionales de estos sectores, a que su trabajo pueda verse desprestigiado y a que no se certifiquen y agilicen sus proyectos o que el usuario final sufra las consecuencias de una tramitación interminable”.

Ante esta situación que supondría una falta de garantía en todos los proyectos, los colegios profesionales acudieron para pedir su colaboración al Vicealcalde del Ayuntamiento de Castellón y de la Comunidad autónoma para intentar buscar una solución que permita seguir trabajando con calidad y profesionalidad garantizadas y, al mismo tiempo, facilitar a los clientes que sus proyectos se ejecutan con seguridad y profesionalidad. Por eso, Javier Moliner ha señalado que “de esta reunión se desprenden dos cosas: la primera es que la situación a la que nos deriva esta normativa significa restarle a la sociedad elementos de capacitación profesional, la independencia de trabajo de un centro de conocimiento como son los colegios profesionales y, en definitiva, quitar libertad a la sociedad civil. Y en segundo lugar, que es preciso iniciar un proceso de estudio de posibles soluciones para ayudar a los profesionales y a los ciudadanos. Por ese motivo hemos impulsado una comisión de trabajo que permita estudiar y analizar las alternativas que este decreto pueda tener en el ámbito de la Comunidad Valenciana”.

Cualquier industria, cualquier comercio, taller o empresa que deba instalarse en cualquier municipio, contaba hasta ahora con la certificación de que el profesional que realizaba el proyecto constructivo, eléctrico, de telecomunicaciones, etc. había sido hecho por un profesional, garantizando su seguridad, calidad y responsabilidad civil. Un requisito que con este decreto desaparece y carga sobre la administración y el ciudadano-cliente la responsabilidad de que el proyecto no haya sido redactado por un profesional cualificado, eliminando la garantía de seguridad y capacitación de los colegios.