El PP veta la iniciativa plenaria del PSPV para pedir al Gobierno y a la Generalitat las inversiones comprometidas con Castellón
El grupo socialista reivindicaba las obras públicas estratégicas de Castellón
El PSPV pretendía instar al Gobierno de España a que las inversiones comprometidas con la provincia de Castellón no se vean afectadas de forma negativa a consecuencia de la crisis. En ese sentido, se reclamaban las conexiones ferroviarias de alta velocidad, el acceso sur al puerto, la definición de una solución vial global para el problema de las comunicaciones interurbanas en el área de Castellón y la ejecución de las obras de infraestructura comprometidas en el Protocolo de Carreteras firmado con el Gobierno valenciano en 2005.
Por otro lado, se instaba a la Generalitat a desarrollar todas las inversiones comprometidas, tales como la ejecución del trazado urbano del Tram en Castellón y las conexiones con los municipios del entorno metropolitano, las carreteras y otras infraestructuras pendientes incluidas en el PIE 2004-2010, al igual que el conjunto de grandes inversiones históricas prometidas a la capital, como el Centre de Convencions, Megaespai, Palau de la Festa (cuya financiación no se está cumpliendo), Ciudad de las Lenguas, sede de la VIU, culminación de la ronda de circunvalación y financiación a la UJI de las infraestructuras necesarias para la puesta en marcha de las titulaciones de Ciencias de la Salud.
“El veto a una petición que sólo pide inversiones para la capital demuestra que Alberto Fabra no es el alcalde de todos los castellonenses, porque sólo quiere ser el alcalde del PP. Es intolerable que un partido que basa su estrategia en el victimismo ante el Gobierno de España se niegue a exigir dinero para Castellón, ni a Madrid ni a Valencia. A la crisis de todos los españoles los castellonenses tenemos que sumar la crisis municipal de un equipo de gobierno que no defiende los intereses de Castellón”, opina Edo.
El PSPV había presentado otra declaración institucional para exigir a la Generalitat que diera cumplimiento al acuerdo de la FEMP de crear un fondo de cooperación municipal, además de transferir la deuda histórica que mantiene con los ayuntamientos y que alcanza los 3.500 millones de euros. También se reclamaba el pago de la deuda viva que mantiene con los ayuntamientos valencianos por los servicios a los ciudadanos que son competencia de la Generalitat y que significan porcentualmente un 30% de los presupuestos municipales. Además, se pedía la modificación de la legislación necesaria para establecer un nuevo modelo de financiación local y se apremiaba a la Generalitat a poner en marcha el sistema de participación de los gobiernos locales en los ingresos tributarios autonómicos. El PP también la ha vetado.
