El Ayuntamiento aprueba las bases de la bolsa de vivienda privada para alquiler social
El Ayuntamiento de Castelló ha aprobado las bases que regirán la bolsa de vivienda municipal para alquiler social. El proyecto, que coordinará la Oficina Municipal de Vivienda dependiente de la concejalía dirigida por Ali Brancal, trata de dar una solución integral a las situaciones de emergencia habitacional y a los problemas de exclusión residencial que afectan los ciudadanos.
Ali Brancal, vicealcaldesa y concejala de Vivienda, explica que "el objetivo principal de la bolsa es ampliar la oferta municipal de viviendas de alquiler social mediante la puesta en marcha de un programa dirigido a los propietarios de viviendas vacías y a familias o personas que no puedan acceder a un piso en condiciones de mercado". Brancal señala que, después de la entrada en vigor de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento pretende dar una solución a un problema tan grave como el de la carencia de vivienda digna por emergencia social.
En concreto, podrán beneficiarse de la bolsa aquellas personas o núcleos familiares cuyos ingresos anuales sean inferiores a 4,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), que tomando como referencia el índice de este año supone unos 6.400 euros.
Cualquier vecino o vecina de Castelló que disponga de un piso vacío se puede inscribir a la bolsa. Sólo hace falta que el inmueble cumpla unos requisitos básicos, como que sea una vivienda libre y con una superficie mínima de 60 metros cuadrados útiles, sin incluir garajes ni trasteros. La cocina tiene que estar amueblada y dotada de placa de cocinar, fregadero, campana extractora, lavadora y frigorífico. Igualmente, la vivienda debe de tener baño con inodoro, lavabo y ducha o bañera, y disponer del certificado de eficiencia energética y de suministros de luz, agua y, opcionalmente, gas. En este caso, el titular se compromete a estar al día en los controles reglamentarios. Y, evidentemente, la vivienda tiene que presentar un buen aspecto general en cuanto a la limpieza.
El arrendador obtendrá a cambio una renta mensual limitada a un máximo de cuatro euros por cada metro cuadrado útil, sin que pueda exceder los 400 euros. Tendrá que estar al corriente en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de basuras, los pagos de la comunidad de propietarios del inmueble, la hipoteca y el seguro. El arrendador podrá acceder a las ayudas municipales a las que tenga derecho mientras dure el contrato.
Durante el alquiler, la duración del cual pueden pactar libremente las dos partes, el arrendatario pagará los gastos periódicos de luz, agua y gas. Si no lo hace durante dos meses consecutivos, perderá su derecho a disfrutar de la vivienda.
Material para rehabilitación de vivienda municipal
Mientras tanto, cuatro empresas han dado al Ayuntamiento, en forma de patrocinio, electrodomésticos y material de construcción para emplearlos en la rehabilitación de viviendas municipales. Estos inmuebles se destinan a atender casos de emergencia social. Las empresas, cuya colaboración fue aprobada en la Junta de Gobierno, son Kasmani, Maggober, Bricomart y Leroy Merlin.
