Gisbert: “Los casos de corrupción que acechan a la cúpula del PP en Castelló y en la Comunitat han provocado una parálisis institucional”

El diputado provincial y responsable de Ideas, Programas y Formación de la Comissió Executiva Provincial, Josep Gisbert, ha afirmado que los casos de corrupción que acechan a la cúpula del PP de Castelló y de la Comunitat han provocado una parálisis institucional”. En este sentido, ha denunciado que “mientras el presidente de la diputación, Carlos Fabra, el vicepresidente Vicente Aparici, el presidente de la Generalitat Francisco Camps, y el portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Costa, están todo el día hablando con sus abogados sobre sus imputaciones, sobre el futuro juicio o sobre los siete años de cárcel y ocho de inhabilitación que pide el fiscal para uno de ellos, los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunitat y de Castelló en particular están sufriendo las consecuencias de unos responsables institucionales incapaces de adoptar una sola medida para combatir la crisis”.

Gisber ha insistido en que “el modelo obsoleto de diputación, más acorde con los tiempos de la restauración que con una democracia moderna, activa e innovadora, se ha esclerotizado, y la gestión del mismo se ha convertido en algo rutinario, sin iniciativas acordes con los tiempos y las nuevas demandas de la sociedad”.

Para Gisbert, “tener al presidente y a uno de los vicepresidentes incursos en causas judiciales, no sólo es un descrédito para la institución y lo que representa, sino un lastre para que los problemas de nuestros pueblos y las necesidades  ciudadanas puedan solventarse con satisfacción”.

De hecho, ha insistido en que “no sólo la diputación ha fracasado en la resolución de los problemas de los residuos sólidos urbanos,  y en el fiasco de las plantas de purines, sino que ahora su máximo responsable en estos temas, señor Aparici, se encuentra acusado de delitos medioambientales y se enfrente a siete años de cárcel por permitir el vertido de residuos tóxicos y peligrosos que, según la calificación del fiscal, han provocado importantes daños en el ecosistema y en las propias personas expuestas”.

Además, señala que “no sólo la diputación ha convertido la arbitrariedad y el partidismo político en su modus operandi, atentado contra la salud democrática, sino que ahora los juzgados encuentran indicios para acusar a su presidente de falsedad y atentado contra la salud pública”.

Por todo ello, el diputado provincial concluye que “ante este panorama, ¿qué se puede esperar de quienes gobiernan nuestra diputación? Los ciudadanos de Castellón no merecen sufrir esta situación, ni por principios ni por interés, ya que la misma  no sólo conlleva una degradación de las instituciones sino el que las mismas no cumplan con la mínima eficacia su cometido para el bienestar de nuestros ciudadanos y el progreso de nuestros pueblos”.