Marco imputa al alcalde de Castellón el cierre de empresas y el paro que causará la anulación del Plan General

La portavoz socialista de Castellón, Amparo Marco, imputa al alcalde, Alfonso Bataller, y al equipo de gobierno del Partido Popular el cierre de empresas ligadas al sector inmobiliario y el incremento del desempleo que causará la anulación del Plan General. “El desgobierno de Bataller y la ineptitud del concejal de Urbanismo son las dos gotas que colman el vaso del urbanismo catastrófico del Partido Popular”, afirma.

“Castellón debe afrontar cuanto antes la redacción de un nuevo PGOU que siente las bases de un desarrollo equilibrado y ajustado a la realidad socioeconómica de la capital. Los socialistas de Castellón creemos que hay que aprovechar el parón inmobiliario causado por la crisis para elaborar un nuevo ordenamiento, pero Bataller persiste en los errores de Fabra y Moliner y llevará a Castellón al desastre”, indica.

Marco advierte de que “el empecinamiento del PP por no asumir las sentencias judiciales afectará a la economía productiva, al incrementar la inseguridad jurídica de los promotores y los propietarios de suelo”. “Ahora mismo, hay empresas de Castellón que podrían plantar cara a la crisis y arriesgar con proyectos e inversiones, pero desconfían de la situación urbanística”, expone.

La dirigente socialista ha exigido esta semana, tras conocer el auto del TSJ que cuestiona el proceso de exposición al público del PGOU, la adopción de responsabilidades políticas por el nuevo “varapalo” judicial. “La negligencia del PP hace que en estos momentos el urbanismo de Castellón esté en una situación de provisionalidad excepcional. La Generalitat ha tenido que salir a dar la cara por los pésimos gestores municipales para que el urbanismo de Castellón no se rija por normas urbanísticas de hace más de 30 años”, señala Marco.

“Los tribunales han reiterado que el equipo de gobierno de Castellón está gobernando al margen de la legalidad en un ámbito como el urbanístico que incide de lleno en la economía de la ciudad”, expone Marco. A su modo de ver, “los daños que el PP causa con sus improvisaciones y decisiones atolondradas con el PGOU no se pueden cuantificar, pero son de una extraordinaria gravedad”.

Un auto del TSJ fechado el pasado viernes invalida de nuevo el proceso elegido por el Ayuntamiento de Castellón y la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para dar cumplimiento a otra sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el PGOU. La nueva resolución judicial concluye que “el Plan General de Castellón fue declarado nulo de pleno derecho el 9 de diciembre de 2008, por lo que ese trascendental vicio procedimental, por no haber practicado información pública, contamina el PGOU aprobado, que es radicalmente nulo”.

“Los socialistas de Castellón siempre hemos mantenido que el PGOU era nulo de pleno de derecho y así lo confirma el TSJ, que remarca que el ordenamiento urbanístico aprobado en 2000 no existe jurídicamente y por lo tanto su anulación no puede subsanarse con otro trámite de información pública”, indica Marco.