El PP instará al Pleno a cumplir la sentencia que obliga a la alcaldesa a readmitir al Jefe de Protocolo después de despedirlo en noviembre

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón Sergio Toledo anuncia que su grupo ha presentado una iniciativa plenaria, en forma de moción, que será debatida y votada el jueves, con el objetivo de que la alcaldesa Amparo Marco acate la sentencia que obliga a readmitir al Jefe de Protocolo que despidió el pasado mes de noviembre.

La titular del Juzgado de lo Contensioso-Administrativo número 2 de Castellón, en su sentencia 287/2022 de fecha 30 de junio de 2022, fallaba la estimación del recurso presentado por la persona que, en situación de funcionario interino, ejercía las funciones profesionales de responsable de Protocolo (técnico de Protocolo y Organización de Eventos) en el Ayuntamiento de Castellón hasta el pasado 12 de noviembre de 2021, por decisión del equipo de gobierno de la ciudad. Según dicho fallo, se trata de una resolución que se “ANULA” por ser “DISCONFORME A DERECHO”, dejando “SIN EFECTO” la misma.

“El fallo del tribunal supone una enmienda a la totalidad a la decisión política de la máxima autoridad municipal. La jueza avala que el proceso de amortización de su plaza y la creación de una nueva “sustancialmente idéntica” es “disconforme a derecho, por lo que procede dejarla sin efecto”, explica el portavoz Popular adjunto, Sergio Toledo.

Por otra parte, Toledo insiste: “Desde que este profesional fue despedido hace 8 meses, la organización de actos oficiales que dependen del gobierno municipal ha sido muy cuestionada.  En Magdalena, la desorganización, la falta de previsión y los múltiples fallos de Protocolo que hubo no escapan a nadie. Una edición que se salvó gracias al ‘món de la festa’ y donde la lluvia ayudó a hacer menos visible el caos de la gestión política. En aquel momento ya reivindicamos la necesidad de la figura del Jefe de Protocolo y de la Junta de Fiestas”.

La sentencia ahonda en el desarrollo del puesto de trabajo, dice que la persona cesada “ha desarrollado -y así ha quedado justificado con la abundante prueba documental aportada- labores y tareas de protocolo en el sentido más estricto del término en cuanto a organización de eventos o en desplazamiento como institución, sino también ha quedado demostrado que durante estos años se ha encargado de cuanto desde el Gabinete de Alcaldía se le ha encomendado en disponer de diversas relaciones institucionales, y por ende sociales, culturales y económicas en desarrollo de la ciudad, y en hermanamiento de Castellón con otros territorios y de buscar modos de conexión con otras ciudades. Por lo tanto, obvio es concluir que durante años, “la persona cesada ha colaborado y dirigido cuantos encargos se le han realizado directamente por el Gabinete de quien dependía jerárquicamente y con vocación no solo de organización protocolaria, sino de entablar y mantener relaciones internacionales con otras ciudades, y pone de ejemplo el recurrente, los acuerdos con la ciudad japonesa de Ube city, entre otros”.

Además, se emplea el requisito del idioma francés como muro insalvable para mantener la plaza que hasta ahora ocupaba el funcionario interino (que sí mantiene el requisito en el idioma inglés) y lo sorprendente es que fue el citado quien en los últimos años, se ha encargado de gestionar las relaciones con la ciudad de Chatellerault (hermanada con Castellón) y con el programa Escala a Castellón con sede también en la ciudad francesa de Sète. Una de dos, o el idioma francés no ha sido tan esencial en estos años, o existe en la práctica una comunicación fluida”.

“A la vista del fallo, así como de las consecuencias directas e inmediatas que el cese del técnico de Protocolo y Organización de Eventos del Ayuntamiento de Castellón ha tenido, desde el Partido Popular consideramos necesaria la recuperación de esta persona en su puesto de trabajo, no solo para profesionalizar la celebración y desarrollo de eventos por parte del Ayuntamiento, sino para reparar y no prolongar durante más tiempo el daño psicológico, moral y personal, además del perjuicio económico y profesional, que el proceso de cese de la plaza por parte del equipo de gobierno ha generado”, concluye.