La PAH de Castellón promueve medidas urgentes en materia de vivienda de cara al próximo pleno municipal
A los 100 días de la constitución del nuevo gobierno municipal, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas propone a los grupos políticos una moción de urgencia para garantizar el derecho a la vivienda de decenas de familias castellonenses. Entre las medidas, acelerar la puesta en marcha del parque público de viviendas para alquiler social, exigir a los bancos viviendas de realojo, hacer más eficientes las ayudas al alquiler y estudiar multas a los bancos con viviendas vacías.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Castellón (PAH) ha hecho entrega hoy de una propuesta de moción de urgencia a los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de Castellón. En el documento, la PAH insta al gobierno municipal a tomar medidas decididas y con carácter de urgencia en materia de derecho a la vivienda para familias que han sufrido procesos de desahucio derivados de ejecuciones hipotecarias o de contrato de alquiler.
Entre las medidas, la PAH pide al gobierno que exija a los bancos el cumplimiento del compromiso derivado del Convenio de Fondo Social de Viviendas, creado en 2013 al amparo de la Ley 7/2012 de 15 de septiembre. La Pah denuncia que mediante este convenio hay en Castellón un fondo social de 47 viviendas, propiedad de distintas entidades financieras, a las que no les consta que hayan accedido en los últimos meses ninguna familia afectada por desahucios.
Al mismo tiempo, instan al gobierno a promover un convenio más amplio con los bancos de cara a incrementar el número de viviendas disponibles para realojos de familias desahuciadas. Como medida de presión, la moción propone estudiar sanciones a los bancos con viviendas vacías, por ejemplo ordenando tasas por los cajeros en la calle, tal y como se está estudiando en otros municipios.
La PAH de Castellón también exige que se modifiquen y amplíen las ayudas al alquiler y suministros básicos, gestionadas por los Servicios Sociales municipales, con el objetivo de hacerlas más eficientes. Actualmente, las ayudas se cobran en un plazo de 3 a 4 meses, y las familias tienen que realizar los pagos previamente, en la mayoría de los casos.
En el documento que la PAH ha hecho llegar a los grupos municipales, se pide al gobierno que haga todos los esfuerzos posibles para recuperar y tener en condiciones las viviendas de propiedad municipal, así como la realización de acuerdos o convenios con la Generalitat y la SAREB, con el objetivo de disponer de un parque público de viviendas en régimen de alquiler social. Consideramos imprescindible el desbloqueo de la actual situación de la vivienda pública en esta ciudad, teniendo en cuenta que en prensa se ha hablado de un total de 200 viviendas de titularidad pública.
Como denuncia la PAH, teniendo casi 14.000 viviendas vacías en la ciudad, muchas en manos de entidades financieras y promotoras inmobiliarias, y habiendo 1.400 procesos de ejecución hipotecaria a personas físicas el año 2014, es responsabilidad del sector inmobiliario y financiero y de los poderes públicos resolver la emergencia habitacional en Castellón. Y más teniendo en cuenta que la crisis económica todavía mantiene un paro del 23% en la ciudad, con más de 17.000 personas inscritas en el paro, y con 1 de cada 3 viviendas en régimen de hipoteca pendiente de pagos.
